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La dupla presidencial conformada por Sergio Fajardo y Edna Bonilla ha enfatizado la importancia de defender la Constitución Política de Colombia de 1991, ante el actual debate sobre una posible Asamblea Constituyente impulsada por el gobierno nacional. Según declaraciones recogidas por El Colombiano, Bonilla sostiene que la Constitución de 1991 representa el mayor consenso que la sociedad colombiana ha alcanzado consigo misma, subrayando su relevancia como marco de protección de los derechos y garantías fundamentales. En este contexto, la preocupación principal abordada por Fajardo y Bonilla reside en el riesgo de fractura institucional que podría acarrear una constituyente implementada en un ambiente social polarizado, sin el respaldo de amplios consensos ni mayorías sólidas.
La propuesta presentada a la opinión pública implica la creación de un comité promotor, ya inscrito en la Registraduría Nacional, cuya finalidad es recolectar más de dos millones de firmas con el objetivo de convocar un referendo. Este mecanismo consultará a los ciudadanos si desean resguardar la Constitución de 1991 de eventuales asambleas constituyentes hasta el 6 de agosto de 2034. Bonilla remarca que la propuesta no se erige contra ninguna fuerza política en particular, sino a favor de mantener las reglas de juego democráticas y los contrapesos institucionales que han permitido tramitar las diferencias y conflictos a través del debate y la deliberación, evitando la concentración del poder.
El proceso contempla un recorrido institucional que inicia con la recolección y validación de firmas, continúa con la revisión del Congreso y la Corte Constitucional, y concluye con la votación masiva donde, para su aprobación, requiere la participación de al menos 10 millones de personas, siendo indispensable una mayoría por el “sí”. Este esquema, según Bonilla, garantizaría un periodo de ocho años durante el cual ningún gobierno podría modificar la Carta Magna mediante el mecanismo excepcional de la constituyente.
En entrevista con El Colombiano, Bonilla enfatiza los riesgos de avanzar en una constituyente en condiciones de polarización, detallando cuatro amenazas principales. La primera es la falta de consenso, pues una asamblea convocada por decreto y sin respaldo legislativo podría ser instrumentalizada por intereses particulares. El segundo riesgo es el potencial aislamiento internacional, especialmente ante propuestas que sugieren desvincular a Colombia de organismos como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y desconocer tratados de derechos humanos, lo que supondría un retroceso en materia de inserción internacional y de derechos fundamentales.
El tercer riesgo radica en el posible retroceso de derechos adquiridos a lo largo de décadas, como son la igualdad de la mujer y la protección de las minorías. La incertidumbre sobre el mantenimiento de estos logros se agrava en un clima de confrontación política. Finalmente, Bonilla alerta sobre la inseguridad jurídica y sus consecuencias económicas: cada vez que se plantea reemplazar la Constitución, los mercados reaccionan negativamente, desincentivando la inversión y contrayendo el empleo.
En conclusión, la iniciativa liderada por Fajardo y Bonilla aboga por que las reformas necesarias para el país se discutan y aprueben dentro del marco de la actual Constitución, defendiendo la solidez de los controles democráticos y la importancia de instituciones que respeten la deliberación, el equilibrio de poderes y los cauces institucionales.
¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente y cómo funciona en Colombia?
La Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo extraordinario mediante el cual la ciudadanía de un país puede convocar la elaboración de una nueva Constitución o la reforma estructural de la existente. En Colombia, la Asamblea Constituyente de 1991 fue la última en desempeñar este papel, logrando la participación plural de diversas fuerzas políticas y sociales. El procedimiento de convocatoria y funcionamiento de este órgano está definido en la actual Constitución, que establece mecanismos para evitar que el ejercicio se utilice de forma unilateral o en contextos de alta polarización.
La relevancia de entender el alcance y funcionamiento de una Asamblea Nacional Constituyente es fundamental, dado el actual debate sobre la posibilidad de modificar la Constitución. Comprender este concepto permite evaluar los riesgos y escenarios, así como el impacto que tendría en los derechos ciudadanos y la estabilidad democrática si se utilizara este mecanismo en un contexto polarizado para realizar cambios institucionales de largo alcance.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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