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La exdirectora del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en Buenaventura, en el Valle del Cauca y actual secretaria de Gobierno, identificada como María Liliana Vivas Paz, fue formalmente acusada por la Fiscalía General de la Nación de haber exigido sobornos a reclusos a cambio de beneficios carcelarios.
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De acuerdo con la investigación, mientras ostentaba el cargo de directora de la entidad penitenciaria, Vivas Paz cobraba un millón de pesos a los internos para gestionar traslados a centros transitorios, cambios de patio, facilidades de comunicación con sus abogados y mejores condiciones de reclusión.
Las exigencias económicas habrían ocurrido al menos en cuatro ocasiones entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, sumando un monto total de 15 millones de pesos.
La Fiscalía señala que la exfuncionaria habría actuado en complicidad con un dragoneante del Inpec, Jhon Fredy Casanova Jaramillo, quien ya se encuentra en arresto domiciliario por estos hechos a raíz de la apertura de la investigación desde marzo de 2023.
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Vivas Paz fue imputada por el delito de concusión, que consiste en exigir o recibir indebidamente dinero o cualquier otra utilidad, valiéndose de la autoridad o influencia del cargo.
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