Después de que se conociera el hecho, las consecuencias y reacciones siguen desenvolviéndose poco a poco. Una de estas, según publica El Espectador, es que Parra declaraba en un sonado caso.
Se trata de aquel en el que la Fiscalía acusa a los hermanos Norberto, Alirio, Uriel y Edna Mora Urrea de “lavar activos relacionados con Henry Castellanos, alias ‘Romaña'”, continúa ese diario.
La familia Mora Urrea era propietaria de los supermercados Merkandrea y Supercundi, que pasan por un proceso de extinción de dominio y de los que el ente acusador no solo sospechaba que eran una fachada para el grupo insurgente, explica el periódico. También se les señala de funcionar como supuesta fuente de abastecimiento para el frente de ‘Romaña’, hoy disidente de las Farc.
La base de tales acusaciones, prosigue El Espectador, sería un informe del DAS que data del 2007, pero también las declaraciones de tres exguerrilleros; Luis Alberto Grajales, Tifer Quiroga y Wilson Rivas. Es a estos a los que Parra estaría controvirtiendo.
De acuerdo con ese medio, el asesinado excombatiente aseguraba que Rivas era un soldado raso que no debería tener acceso a información de tan alto nivel. Además, dijo que la región por donde supuestamente se abastecía el frente de ‘Romaña’ estaba bajo el mando de Parra, entonces conocido con el alias de ‘Rodolfo’. Según él, por una enfática directiva de los altos mandos subversivos no era posible que se diera una invasión de territorio.
Parra también negó haber sabido que cualquiera de los dos supermercados fuera fuente de abastecimiento para las Farc, dice el impreso. El hombre tampoco reconoció que se hubiera hablado de la familia Mora Urrea y mucho menos que hubieran llegado a ir a un campamento.
De momento se desconoce si lo dicho hasta ahora será clave para el proceso,a favor de uno u otro lado.
Este viernes, Luz Marina Giraldo, viuda de Parra y candidata al concejo de Mesetas, dijo a Caracol Radio que durante más de un año venían solicitando protección por las elecciones y la labor que ambos llevaban a cabo con la comunidad, pero que nunca se la dieron por no tener amenazas.
La mujer abandonó el ETCR Mariana Páez de ese municipio del Meta por la situación, aunque aseguró que planea regresar.
El partido Farc pidió al gobierno que adelante la identificación de responsabilidades, la cual partiría del hecho de que el homicidio sucedió dentro de uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que deberían tener garantizada su seguridad por parte del Gobierno.
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