Suárez tendrá ahora que “aportar la verdad” sobre un asesinato y los presuntos vínculos con el paramilitarismo que le permitieron ocupar el cargo, hechos por los que fue condenado a 27 años de cárcel por la justicia ordinaria, indicó la JEP en un comunicado.

“Se posesionó como alcalde tras haber recibido los favores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a cambio del ofrecimiento de puestos en la Alcaldía de Cúcuta y de la oferta de un porcentaje de la contratación”, explicó el tribunal de paz.

Las acusaciones contra Suárez fueron formuladas por dos desmovilizados de las AUC dentro del proceso de paz que ese grupo celebró entre 2003 y 2006 con el Gobierno.

Por esos delitos Suárez fue enviado a la cárcel La Picota de Bogotá en 2011. Sin embargo, el exmandatario también es investigado por otro asesinato, una extorsión y un despojo de tierras a campesinos.

En ese sentido, el tribunal manifestó que los hechos por los que se somete Suárez a la JEP tienen relación con el conflicto armado, especialmente “con la vinculación estrecha entre la clase política y los actores armados”.

La JEP aclaró que, aunque Suárez fue aceptado por ese tribunal luego de dos años de haber hecho la solicitud, no le concedió la libertad condicionada debido a que esta “corresponde a un momento procesal posterior” a su sometimiento y a la evaluación de su aporte a la verdad.

El primer agente del Estado colombiano en ser aceptado por la JEP fue el excongresista David Char Navas en abril de este año, quien fue procesado por la Corte Suprema de Justicia por vínculos con los paramilitares.