Si bien el Gobierno detuvo varias de sus reformas hasta el año pasado por la presión de las manifestaciones y los cacerolazos, desde comienzos de 2020 anunció que retomaría la reforma pensional; también quedó claro que no habrá ni una sola reforma derivada de las peticiones de los marchantes, asegura Ávila en su columna del diario español.

“Así las cosas, el Gobierno apuesta a fondo: no cede en nada y desafía a los marchantes”, advierte este analista, y explica la arriesgada maniobra que pretendería ejecutar el Gobierno y el uribismo: el cálculo del presidente y de su partido “es agudizar las contradicciones, provocar una gran convulsión social y al final aspiran a que la movilización asuste a la clase media, clase media alta y en general a los sectores urbanos”.

Ávila sostiene que el propósito de esa estrategia es que “se pida al Gobierno Nacional que actúe con mano dura”, con lo que Duque “podría subir como la espuma en las encuestas. Incluso, con el regreso de la aspersión aérea contra los cultivos de coca, el Gobierno sabe que decenas de miles de campesinos saldrán a las carreteras y su apuesta es que marchen a Bogotá. El pánico es su objetivo”.

También asegura que el Gobierno Nacional “ha mantenido un bajo perfil” para que los alcaldes recién posesionados sean los que se lleven “todos los costos de las manifestaciones”. Es decir, “los marchantes están en las calles contra el Gobierno Nacional, pero ante medios de comunicación y opinión pública, los respondientes son los nuevos alcaldes”.

En este caso, Aurelio Suárez Montoya también vislumbra, en su columna de El Tiempo, otro tipo de contradicción “antagónica”, que se suma a las que se refiere Ávila: la que hay entre lo que “sectores muy amplios de la población expresan con ruido de cacerola y los datos que los gobernantes muestran como suficientes para apagar cualquier inconformidad”.

“Mal haría el gobierno de Duque y quienes están en la dirección del país si hacen sordina a lo que pasa en las calles o si para silenciarlo montan un tablado de burla o de represión, se complacen con los resultados de un crecimiento [económico] mediocre y excluyente del que disfrutan pocos agentes extranjeros y sus asociados y ahondan en medidas como las reformas pensionales donde los ‘derechos adquiridos’ quedan en entredicho y como norma laboral un envilecido trabajo por horas, agrega Suárez Montoya.