Fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en el Conjunto Residencial La Florida I (Ibagué), por una orden judicial emitida el 30 de noviembre de 2021 por el Juzgado Segundo de Control de Garantías.

El sujeto fue imputado por la Fiscalía 78 Local por los delitos de emisión y transferencia ilegal de cheque; estafa agravada en concurso homogéneo y concierto para delinquir agravado, los cuales no aceptó.

Durante la audiencia de control de garantías, la Fiscalía reveló las denuncias de 18 personas, en su mayoría de Ibagué, a quienes el sujeto habría estafado. Llegaba a los conjuntos residenciales en autos de alta gama y manejaba un perfil de una persona adinerada. Usaba un lenguaje judicial y se hacía pasar como un abogado. Luego convencía a los habitantes de los conjuntos para que compraran vehículos de alta gama a bajo precio.

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Por ejemplo, una camioneta cuyo valor comercial era de 65 millones de pesos, supuestamente la vendía en 45 millones de pesos. Las personas accedían a entregarle el dinero y nunca les entregaba el vehículo, ni les devolvía la plata.

Dentro de su actuar delincuencial, el hombre, que tiene denuncias de hace más de 12 años por casos similares, trabajaba junto con dos personas que son buscadas por las autoridades. Uno de los otros involucrados, según las víctimas, tiene más capital financiero y ha “captado” una mayor cantidad de dinero.

Una de las afectadas habló con Q’HUBO y contó que el hombre junto con su esposa, “llegaba al conjunto residencial estrato cuatro, se hacía amigo de las personas, les ofrecía carros de alta y media gama, de una manera económica, era muy atractivo”.

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Sanmiguel se ganaba la confianza, los invitaba a su casa donde vivía en arriendo, aunque decía que era de él. Incluso invitaba a sus clientes a la celebración de sus cumpleaños. Luego les entregaba los vehículos y nunca legalizaba la compraventa de esos bienes.

Otra de las víctimas dijo que el sujeto les indicaba que la venta la hacía mediante “la aceptación de una prenda de un banco. Al cabo de dos meses o máximo tres, iniciaba un proceso contra el banco y comenzaba el cobro del valor de la garantía del vehículo. El hombre pagaba sólo la garantía mobiliaria”.

Luego de un tiempo, el banco que aparecía con la prenda, abría un proceso civil y los vehículos se los quitaban a los compradores.

En este punto les surgen dudas a los afectados, pues no saben cómo había personas que prestaban su nombre para aparecer en las tarjetas de propiedad, ni tampoco les cuadra el sospechoso papel que jugaban los bancos o sus empleados.

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El pánico empezaba cuando iniciaban los procesos de cobranza, ya con un proceso jurídico, donde incluso la Policía decomisaba los automotores y se quedaban sin carro y sin plata, luego de haber tenido los vehículos durante un año. Entre los afectados, hubo algunos que compraron hasta dos vehículos y otros involucraron a más amigos.

Según revelaron algunos de los denunciantes, Sanmiguel les pagó a algunos de manera parcial, para ‘darles un contentillo’. Les dio cheques que resultaron estar sin fondos.

Entre las víctimas hay abogados, jueces, administradores de empresas y empresarios, varios de los cuales se conectaron durante la audiencia que tuvo un importante número de personas. Además, la suma del dinero, que entregaron las personas presuntamente estafadas, es de 1.600 millones de pesos.

Algunos de los afectados temen por represalias. Señalaron que desean hacer públicos los casos, pues hay muchas más víctimas. Explicaron que el hombre vivía un tiempo en un conjunto residencial y luego en otro.