En diciembre del 2016 este diario comprobó que la Universidad de Caldas admitió a estudiantes que presentaron de manera ilegal becas Andrés Bello. La institución reaccionó ante la investigación y dejó por fuera, entre finales de ese año y comienzos del 2017, a 27 admitidos y expulsó a por lo menos 17 que ya cursaban distintos semestres. Además, interpuso una denuncia ante la Fiscalía.
El programa de Medicina incluía a la mayor parte de quienes están involucrados en el asunto. La justicia ha ido a paso lento. Tras cinco años y cuatro meses, los resultados apenas empiezan a darse.
En respuesta a un derecho de petición, enviado por La Patria, la Fiscalía da cuenta de una persona condenada y de tres en etapa de juicio, sin determinar si se trata de estudiantes, intermediarios o funcionarios de la U.
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Los hechos denunciados por la U. de Caldas ante el ente acusador tienen que ver con el delito de obtención de documento público falso, en este caso con el propósito de ingresar al centro de educación superior.
La Fiscalía añade: “La investigación continúa avanzando, mediante el recaudo y análisis de elementos materiales probatorios, frente a otros presuntos responsables de la conducta”.
Cómo nació la estafa con la beca Andrés Bello
La Andrés Bello la entrega el Gobierno nacional a mejores bachilleres, lo que les permite a quienes la obtengan pasar, de manera directa, a universidades públicas.
Las sospechas sobre algo raro en la de Caldas surgieron ante el aumento inusitado de admitidos, con esta beca, en el segundo semestre del 2016 para estudiar a partir del primer semestre del 2017.
Medicina, por ejemplo, pasó de recibir una persona con la distinción para el segundo semestre del 2013, a 24 personas para el primer semestre del 2017.
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La directora de Fiscalías en Caldas en el 2020 era Liliana Castañeda, quien indicó: “De ese caso estamos realizando el programa metodológico y con base en ese programa se librarán las órdenes para que los funcionarios de policía judicial sean los encargados de escudriñar y llevar a cabo los actos investigados para establecer qué ocurrió y quiénes son los autores de la conducta punible”.
En el 2018, Clara Irene Giraldo era la directora de Fiscalías en el departamento. Manifestó en junio de ese año que era pertinente ubicar a cada estudiante, ya que el modus operandi (modos de obrar) implicaba la intervención de intermediarios, que a su vez captaban a esos estudiantes necesitados de ingresar a la U.En esa ocasión.
“Ya se enviaron las comisiones para que se reciban las entrevistas y poder obtener la mayor información posible de los presuntos autores de estas conductas punibles, en el momento estamos en espera de las respuestas”, añadió.
Vinculados a la investigación
En el 2020 la misma Fiscalía anunció que a cuatro mujeres les atribuyó cargos por obtención de documento público falso en el proceso relacionado con la Andrés Bello.
Son 27 personas vinculadas a la investigación, según los elementos de prueba recaudados por el ente investigador. Las audiencias preliminares se desarrollaron el pasado 20 de septiembre. Ninguna aceptó su responsabilidad.
También se compulsaron copias a la Fiscalía de Infancia y Adolescencia de Caldas, debido a que entre los presuntos implicados se encuentran nueve menores de 18 años, para la época de los hechos.
De acuerdo con el proceso, egresados de distintos colegios del país ingresaron a la plataforma de inscripciones de la Universidad de Caldas documentos falsos relacionados con el otorgamiento de la condecoración Andrés Bello, para optar a las carreras y así no pagar las matrículas y demás costos.
La Fiscalía concluye: “La investigación continúa avanzando, mediante el recaudo y análisis de elementos materiales probatorios, frente a otros presuntos responsables de la conducta”.
En la respuesta al derecho de petición elevado por La Patria, la Fiscalía invoca varias leyes por las cuales decide omitir detalles del proceso con el argumento de preservar la información que se registra en los sistemas de información de la entidad y los procesos penales que se adelantan.
Indica: “… cierta documentación e información en poder de las entidades públicas están protegidas por una reserva legal, razón por la cual debe abstenerse de entregar la misma, so pena de vulnerar bienes jurídicos que requieren protección legal o constitucional como la administración de justicia, la seguridad nacional o el orden público”.
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