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Algunos jóvenes del país jamás se imaginaron que el soñar con un título o certificación en su profesión soñaba iba a terminar en una completa pesadilla, cuando en vez de graduarse terminaron siendo reportados a las centrales de riesgo por más de 150 millones de pesos y hasta con las cuentas bancarias embargadas.
Muchos jóvenes de las principales ciudades del país, decidieron ingresar a la academia Holberton School Colombia, con sede en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, en los años 2019, 2020 y 2021, con el objetivo de avanzar en sus vidas profesionales.
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Pero jamás se imaginaron que esta sería una de sus peores decisiones en la vida.
Todo comenzó cuando mensajes publicitarios de este lugar académico empezaron a aparecer en redes sociales, YouTube, espacios publicitarios como en el Metro en Medellín, que estaban respaldados por cajas de compensación familiar.
“Conviértete en desarrollador de software en nueve meses y accede a un programa avanzado opcional de nueve meses adicionales en el que no pagas nada hasta conseguir un trabajo de al menos tres salarios mínimos”, decía la publicidad.
Y es que, al parecer, esta academia en Colombia es operada por la Fundación Coderise, que actualmente está en liquidación y cuenta con una nueva persona jurídica. Por esta razón, los jóvenes que estaban estudiando ahí y que apenas comenzaron, terminaron fue en centrales de riesgo, con demandas de órdenes de embargo que podrían superar hasta los 150 millones de pesos.
Según el relato de uno de los jóvenes afectado a Semana, Holberton School Colombia les ofreció nueve meses de formación en programas de ciencia de la computación y desarrollo de software, con diferentes enfoques en especialización. Además de otros nueve meses enfocados en programas avanzados.
En resumen, les ofrecieron formación en Desarrollo de Software Integral o “Full Stack Software Development”, junto con una especialización, con una duración de 21 meses. Pero lo más llamativo de la oferta es que no tenían que pagar nada, ni un solo peso mientras estudiaban y que, al final, solo cancelaban el valor del programa.
Pero eso no es todo, solo les iban a cobrar a los estudiantes, cuando terminaran su estudio y consiguieran un trabajo con un pago superior a los tres salarios mínimos, es decir, tres millones de pesos. Esto porque, según la fuente, en el contrato estaba esta condición escrita, así que aún más llamó la atención.
“La academia, viniendo de Silicon Valley, uno decía que era una tremenda oportunidad y lo lógico era apostarle”, le dijo uno de los jóvenes a Semana. Que, a su vez, explicó como funcionaba el contrato compartido que firmaron.
“En ese acuerdo de ingreso compartido, el cual tuvimos que firmar y respaldar con un codeudor, se acordaba que, una vez consiguiéramos trabajo con sueldos superiores a los tres millones de pesos, debíamos pagarle a la fundación el 17 % del valor total de ese sueldo que empezáramos a devengar hasta completar un total de 75 millones de pesos”, detalló el joven.
Después de varios meses, las cosas cambiaron, los estudiantes notaron cambios extraños en todo. Las clases, el pensum, el desarrollo de la academia, entre otros. Tras una demanda de la Superintendencia de Industria y Comercio, al parecer los estudiantes, eran acosados a firmar otrosí al contrato que ya habían firmado.
Como algunos estudiantes se negaron a firmar estos otrosíes, la academia les suspendió la plataforma de estudio y comenzó a cobrarles los 75 millones del inicio del programa. Por esta razón comenzaron a aparecer en centrales de riesgo, con multas e incumplimientos que, según ellos, hizo extender la deuda de 75 a más de 150 millones de pesos.
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“Cuando nosotros aceptamos ese contrato y ese pago que se debía hacer de 75 millones de pesos, una vez se terminara el ciclo y consiguiéramos trabajo, fue porque nos prometían empleos con muy buenos ingresos, y una cuota mensual para pagar ese dinero, era como quitarle un pelo a un gato. Pero resulta que no recibimos absolutamente nada de lo que nos ofrecieron y, al contrario, terminamos endeudados”, afirmó un afectado a Semana.
Tras una larga investigación, la Superintendencia ordenó la terminación de los contratos de algunos estudiantes demandantes y la Fundación Coderise. Y, a partir de esto, se conocieron más casos y demandas en contra de Fundación Coderise y Holberton Colombia, que no se han resuelto.
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