El anuncio del concurso produjo un ambiente de incertidumbre entre quienes ocupaban cargos en condición provisional. La expectativa frente al nuevo proceso fue reemplazada rápidamente por el temor a perder el empleo, lo que motivó la aparición de toda clase de justificaciones por parte de algunos servidores.
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Las denuncias recaen sobre casos de falsos divorcios, embarazos exprés y paternidades dudosas, acciones que, supuestamente, habrían sido empleadas para cumplir con las condiciones “protegidas”, buscando así que varios funcionarios permanecieran con sus puestos de trabajo.
Según investigaciones y denuncias a las que accedió la revista Semana, funcionarios de diversos niveles de la Fiscalía emplearon declaraciones notariales, registros civiles alterados y certificaciones dudosas para alegar condiciones amparadas por las medidas afirmativas establecidas en la circular de la entidad donde se detallaron las condiciones de las contrataciones.
De acuerdo con los testimonios recopilados, en las oficinas centrales del búnker de Bogotá se empezó a hablar de una repentina ola de licencias de maternidad, así como de divorcios inesperados y rupturas familiares, muchas de ellas aparentes o ficticias, cuyo objetivo era ser admitidos en los listados de protección dispuestos por la entidad.
La medida incluía a personas con enfermedades, discapacidades, prepensionados y madres o padres cabeza de hogar, categoría que, según las denuncias, fue utilizada de manera irregular.
¿Cómo se produjo el engaño en el concurso de empleos de la Fiscalía?
Las investigaciones internas señalan casos concretos en los que funcionarios juramentaron ser padres o madres cabeza de familia, a pesar de compartir el hogar con sus cónyuges, quienes incluso trabajaban, en algunos casos, en la misma Fiscalía.
También se documentaron situaciones en las que se simuló el abandono del hogar o se instrumentalizó la figura del divorcio para acceder a los beneficios de protección laboral. Una denuncia ejemplifica el caso de una fiscal en Bolívar que, con su esposo pensionado y sin hijos, gestionó la custodia temporal de sus sobrinas con el fin de simular la condición de madre cabeza de hogar, aparentemente motivada por la amenaza que representaba el concurso para su estabilidad laboral.
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Estos comportamientos han despertado preocupación, pues, según versiones recogidas por Semana, la dirección ejecutiva de la Fiscalía no habría verificado minuciosamente las situaciones familiares y personales de los funcionarios que accedieron a estas medidas. El número de personas involucradas no es menor: cerca de 5.033 empleados solicitaron ser incluidos en las categorías de protección, de los cuales 2.797 resultaron beneficiados.
La Comisión de Disciplina Judicial actualmente investiga las denuncias que describen fraudes y abusos de confianza, no solo en Bolívar, sino en otros departamentos como Caldas. Los sindicatos y grupos de empleados han iniciado acciones legales, cuestionando las resoluciones que permitieron la exclusión de ciertos cargos del concurso.
La Fiscalía General, consultada por Semana, aseguró que presume la “buena fe” de los servidores públicos y que todas las solicitudes de protección se sustentan en declaraciones juramentadas. Sin embargo, se reconoció la existencia de por lo menos 11 denuncias formales sobre posibles irregularidades, que ya se encuentran en revisión.
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