Una serie de irregularidades se evidenció en el contrato 679 del 13 de julio de 2020 ejecutado entre la Alcaldía de Valledupar y la Fundación Amovida por un valor de 400 millones de pesos, cuyo objeto era brindar atención humanitaria inmediata a las víctimas del conflicto, desalojadas y vulnerables en el municipio.

No obstante, según investigación de El Periódico, la fundación no cumplió con el objeto del contrato debido a que algunas de las personas beneficiadas aseguran que la alcaldía los llamó para que se desplazaran de sus residencias hasta el hotel Millrose de esta capital, porque habían sido favorecidos con una estadía gratis.

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Afirman, además, que nunca les hicieron sensibilización ni acompañamiento y solo les entregaban kits de aseo para su familia; al mes de estar allí le dijeron que el beneficio se había acabado y les pagaron el transporte para que se regresaran a sus casas.

Dentro de los gastos que presentó la fundación Amovida a la alcaldía de Valledupar para que le pagaran el millonario contrato, aparece el hotel Millrose, ubicado en la avenida Simón Bolívar, contratado por un valor de 29 millones de pesos para el hospedaje y la alimentación de los beneficiarios.

A su vez, la fundación suscribió un contrato con Miguel Delgado Martínez, para el suministro de 200 kits de aseo personal por un valor de $10.960.000, para un total de 40 millones de pesos. Estos habrían sido los gastos de la fundación del contrato de 400 millones de pesos. La fundación Amovida, estaba para ese entonces representada legalmente por Ana Milena Romero, quien actualmente se encuentra fuera del país.

Según el informe presentado por la fundación Amovida a la alcaldía de valledupar, da cuenta que las víctimas fueron redireccionadas por Mónica Corrales, coordinadora del Centro de Atención y Reparación a las Víctimas del municipio y junto a Patricia Chona, Trabajadora Social de esta entidad, hicieron el respectivo acompañamiento a los beneficiarios.

Por su parte, las víctimas dijeron desconocer a las funcionarias y negaron haber recibido algún tipo de acompañamiento. “A mí no me capacitaron absolutamente para nada”. “No nos dieron capacitaciones, solo nos tenían ahí y ya. Al salir de ahí quedamos en el aire”, expresaron.

El Periódico contactó inicialmente vía telefónica a la funcionaria pero esta manifestó que “con base a la ley 1448 de 2011 que obliga al municipio brindar una ayuda humanitaria inmediata de acuerdo a la remisión que hace el Ministerio Público cuando la víctima llega a Valledupar y requiere de asistencia humanitaria”.

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Para obtener mayor información este medio llegó hasta las instalaciones de la entidad para dialogar sobre el tema con Mónica Corrales, sin embargo, ella optó por no dar declaraciones, asegurando que lo concerniente a ese contrato se debía tratar con la alcaldía.

Por otro lado esta casa editorial intentó contactar personalmente a Nivia Ramírez, encargada del hotel Millrose, pero no permitió el ingreso al establecimiento, ni entrevista alguna. Asimismo contactamos al personero de Valledupar, Silvio Cuello, vía telefónica y mensajes de WhatsApp pero tampoco se tuvo respuesta, pese a la responsabilidad que le embarga a la personería con el tema de víctimas.

El periódico conoció que en 2020 el Concejo de Valledupar aprobó 800 millones de pesos para este programa que se divide en 2 fases, una correspondiente a capacitaciones y la segunda es la atención integral donde se brinda el apoyo jurídico, psicológico, cultural y demás. Sin embargo, en ese lapso la atención solo fue brindada durante los últimos tres meses de ese año.