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El 14 de agosto Colombia+20 reveló en una investigación periodística que un edificio ubicado en el centro de Bello, Antioquia, que había sido entregado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la alcaldía de Bello para adecuar la Casa de la Mujer Empoderada en ese municipio, terminó ocupado por la empresa Spazi Diseño y Construcciones, relacionada con Sebastián Tobón y Laura Victoria Arredondo, ambos contratistas y aliados del condenado exalcalde de ese municipio Óscar Andrés Pérez.
Lea la primera parte de esta investigación aquí
Las pruebas y testimonios recopilados por Colombia+20 permitieron establecer que el edificio nunca fue usado por la alcaldía de Óscar Andrés Pérez para el propósito que le había sido entregado, que era la adecuación de la Casa de la Mujer Empoderada, una estrategia que atiende a mujeres víctimas de violencia de género y el conflicto armado, en cambio la propiedad terminó en manos de una empresa relacionada con Sebastián Tobón y su compañera Laura Victoria Arredondo.
Colombia+20 tuvo acceso a un documento de la Sociedad de Activos Especiales con fecha del 15 de agosto de 2023, donde se establece que una vez conocida la denuncia periodística realizada por este diario se inició un proceso para recuperar la propiedad. “De conformidad con la información consolidada en nuestras bases de datos, se evidencia que la Alcaldía de Bello no ha entregado el bien inmueble objeto de destinación provisional a la presente entidad”, dice el documento.
Aunque había una resolución en la que supuestamente la Alcaldía devolvió el edificio a la SAE, esta entidad nunca lo recibió formal y materialmente, como lo había explicado a este diario Alejandro Henao, anterior gerente regional de la SAE en Antioquia.
Eso quiere decir que el edificio se encuentra ocupado de forma irregular por la empresa Spazi Diseño y Construcciones.
Un funcionario de alto nivel en la SAE explicó que esta ocupación irregular implica que ni Sebastián Tobón ni la empresa Spazi, han pagado un solo día de arrendamiento por utilizar el edificio. Cuando fue consultado por este diario, Tobón dijo no saber cuánto era el valor del arrendamiento del bien que él mismo y su empresa estaban usufructuando.
Además, la SAE le advirtió a la Alcaldía que tiene “como fecha máxima de entrega voluntaria el día 21 de septiembre de 2023″ y recordó que hay obligaciones que no se cumplieron, como el pago de arrendamiento, pólizas de seguros e impuestos de la propiedad, el mantenimiento de los bienes y los enseres, así como la rendición trimestral de cuentas.
La SAE además indicó a la Alcaldía que debía dar una rendición de cuentas. “Solicitamos la rendición de cuentas con respecto a la gestión administrativa en relación con el uso, estado, actos de conservación y mantenimiento de los bienes del periodo comprendido entre el 06 de octubre de 2021, fecha en la cual se realizó la entrega material del predio, de conformidad con acta de recepción y entrega adjunta, al día 01 de agosto de 2023″, dice la SEA en la comunicación.
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Tobón fue beneficiario de millonarios contratos durante la administración de Pérez y lo acompañó en eventos de proselitismo político, que él mismo ha hecho públicos en sus redes sociales.
En la empresa Spazi Diseño y Construcción, que seguía funcionando en el edificio hasta el 14 de agosto pasado, se imprimía publicidad política de Lorena González, candidata a la alcaldía por el Centro Democrático, quien aspira a reemplazar al condenado exalcalde Pérez, del mismo partido.
La versión de José Leonel Ortega Gil
Después de publicada la investigación, el abogado de José Leonel Ortega Gil se comunicó con Colombia+20 solicitando una nota aclaratoria sobre el caso. Ortega Gil fue uno de los señalados por algunos medios de comunicación, como Caracol Radio, de servir como presunto testaferro de Vicente Castaño Gil junto a otra docena de personas a las que la Fiscalía incautó sus bienes tras un proceso de extinción de dominio en octubre de 2008. Fue debido a aquel proceso que el edificio terminó bajo custodia de la SAE.
Con una carta firmada por el abogado Rodrigo León Arrubla Cano, apoderado de José Leonel Ortega Gil, se asegura que no es cierto que el edificio haya sido propiedad de aquel cuando inició la extinción de dominio y, en cambio, indica que la titularidad del predio recaía sobre Emiliana González Ortega, quien para la fecha tenía ocho años de edad.
En efecto, el 14 de octubre de 2008, Ortega Gil transfirió la propiedad a la menor Emiliana González, pero eso ocurrió apenas una semana antes de que la Fiscalía ordenara la medida de embargo sobre el inmueble.
Una tutela de 2016 ante la Corte Suprema de Justicia, que pretendía revertir la incautación del edificio, ratificó lo mismo que otro tribunal anterior había concluido sobre el caso y fallo en contra, por eso el proceso de extinción sigue su curso. En dicho fallo de la Corte se lee: “El bien figuraba a nombre de José Leonel Ortega Gil”, lo que contradice lo expuesto por el abogado Arrubla.
Actualmente, la propiedad adeuda más de 50 millones en impuesto predial, de acuerdo con una factura que conoció este diario, mientras continúa el proceso de extinción de dominio sin una sentencia definitiva.
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Por otra parte, el abogado Arrubla confirmó varios de los hallazgos de esta investigación y aseguró que la administración que la SAE ha hecho de la propiedad ha sido muy “deficiente” pues “de forma ilegal y cumpliendo favores políticos ha hecho entrega gratuita para que el edificio sea ocupado por terceras personas vinculadas a la Alcaldía de Bello, sin previa autorización de la Fiscalía General de la Nación, causando perjuicios patrimoniales a su propietaria y burlándose de administración de justicia […] Todo lo expuesto por ustedes con motivo de la arbitraria administración por la SAE es cierto, y en especial los favores políticos que viene haciendo con del edificio, sin rentabilidad económica alguna, como es el deber legal sobre la administración de estos bienes”.
Rodrigo Arrubla también se permitió asegurar que su cliente “el señor Leonel Ortega Gil, ni su familia, han tenido relaciones personales o comerciales con los señores Vicente o Carlos Castaño o con personas al margen de la ley, ni han sido vinculados judicialmente a proceso alguno por narcotráfico”. No obstante, la Fiscalía determinó que el edificio en cuestión presuntamente pertenecía al paramilitar Vicente Castaño Gil y por eso decretó las medidas de embargo e incautación sobre el mismo cuando figuraba a nombre de Ortega Gil.
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