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El pasado domingo 26 de abril se desarrolló un ejercicio democrático fundamental para las comunidades colombianas: las elecciones de las juntas de acción comunal. Cada cuatro años, los barrios del país tienen la oportunidad de elegir a quienes los representarán y dedicarán sus esfuerzos, de manera voluntaria y sin ánimo de lucro, a promover el desarrollo de sus sectores. Las juntas se constituyen como el principal enlace entre la ciudadanía y el Estado para buscar soluciones a las necesidades colectivas.
No obstante, la participación ciudadana se vio afectada por diversos factores. Muchas personas, como lo confirmaron los testimonios recogidos por El Diario, desconocían la fecha de los comicios, ya sea por falta de información, desinterés o poca credibilidad hacia sus líderes barriales. Según Manuelita Toro, personera de Dosquebradas, en este municipio la jornada contó con 137 juntas activas (108 urbanas y 29 rurales), y cerca de 8.000 afiliados votaron para seleccionar a 2.466 nuevos dignatarios. Esto deja ver que, aunque la convocatoria es amplia, el involucramiento ciudadano sigue siendo limitado.
Llevando la mirada al departamento de Risaralda, el impacto puede medirse en cifras: Jaime Gutiérrez, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas), comunicó que se escogieron 20.682 dignatarios en 1.149 juntas, con la participación de 55.152 afiliados. En el contexto nacional, se encontraban habilitadas 64.000 juntas para el proceso. El 80% de ellas logró celebrar sus elecciones, con una cifra significativa de 921.600 dignatarios elegidos a partir de una base de 1.152.000 posibles.
Sin embargo, el desarrollo de la jornada no estuvo exento de controversias. Álvaro Restrepo, manifestando la preocupación existente, denunció casos de constreñimiento e irregularidades internas, especialmente en barrios como Cerro Azul. Hizo un llamado a las entidades de control –Personería, Procuraduría y Secretaría de Gobierno– para investigar y sancionar posibles irregularidades, puesto que tales hechos no deben pasar inadvertidos.
En respuesta, la personera Manuelita Toro recordó que las quejas o denuncias deben presentarse ante las autoridades correspondientes –con copia a la Personería– dentro de los diez días hábiles posteriores a la jornada electoral, exhortando a la ciudadanía a no dejar vencer los plazos legales y ejercer su derecho a reclamar o solicitar acompañamiento.
Pese a la trascendencia del proceso, la participación no alcanzó las expectativas. René Guzmán, presidente electo en el Campestre D, señaló la reducción en la inscripción de planchas, interpretando este hecho como reflejo de la decadencia de la acción comunal. Invitó a sus colegas electos a fortalecer el vínculo con las comunidades y restaurar la confianza en las juntas.
Las opiniones ciudadanas evidencian la diversidad de realidades. Algunas personas, como Mónica Castañeda y Edier Pérez, admitieron no haber estado al tanto del proceso ni haber participado previamente. Otras, como Cata Ruiz, resaltan la importancia de involucrarse activamente en estas decisiones vecinales.
No todas las regiones pudieron disfrutar del ejercicio democrático. En municipios como Belén de Umbría y Mistrató, las elecciones no se realizaron por amenazas relacionadas con el orden público, situación que ilustra los retos persistentes para la gobernabilidad local.
¿Cuál es el impacto de la baja participación ciudadana en las elecciones de juntas de acción comunal?
La disminución en la participación durante las elecciones de juntas de acción comunal puede tener efectos directos en la legitimidad y eficacia de estos órganos representativos. Cuando solo una fracción reducida de la comunidad emite su voto o se involucra en el proceso, las decisiones y gestiones que realicen las juntas podrían no reflejar las necesidades o intereses de la mayoría, debilitando su capacidad de interlocución ante el Estado y otros actores.
Este fenómeno, además, puede perpetuar el desinterés general y la falta de credibilidad en las instituciones locales, originando un círculo de apatía ciudadana. Comprender cómo se construye, fortalece o debilita este vínculo entre la junta y la comunidad resulta esencial para diseñar estrategias que incentiven una mayor corresponsabilidad y participación democrática en el ámbito barrial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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