Esta réplica, que difundió Noticias Caracol, dejó molesto al procurador Fernando Carrillo, que de inmediato le envió una carta al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
La razón, explica, es que el Ejército no le envió la información solicitada y, por el contrario, le hizo saber que la investigación disciplinaria “le corresponde es a la Dirección de Contratación Especializada (Dicre)”.
Esa respuesta, contesta Carrillo, “es diametralmente opuesta a la manifestación de voluntad hecha por el Ministerio de Defensa”, y cita el comunicado de prensa, del pasado 25 de abril, en el que esa cartera “reitera su completa disposición de colaborar con los organismos de control para el éxito de las investigaciones a las que haya lugar”.
“Contraria mucho más ese anuncio del Ministerio si se pretende clasificar como ‘secreto’ un informe sobre la averiguación de presuntos actos de corrupción en el Ejército”, advierte el procurador, según documento que difundió el noticiero.
La molestia del procurador Carrillo tiene que ver con que no le fue entregada la información sobre un contrato que hizo el Comando de Adquisiciones Central Administrativa y Contable Regional de Medellín (Cenac) que, según Blu Radio, tenía como objeto la compra de elementos de protección e higiene para prevenir el COVID-19.
De acuerdo con la información de la emisora, el Cenac pagó 21 cajas de tapabocas N95 por 20 unidades a 19’068.000 pesos. Eso significa que cada uno salió por valor de 45.400 pesos, cuando por la crisis llegan máximo hasta 15.000 pesos y en tiempos normales no sobrepasan los 2.500 pesos.
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