El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Tras varios años de experiencia en la Universidad Nacional de Colombia ocupando cargos directivos y académicos, la autora advierte que actualmente la institución se halla en medio de una confrontación entre dos visiones de universidad. Esta disputa, cuyo trasfondo afecta no solo a la UNAL sino a la sociedad colombiana, tiene como núcleo el rol y la financiación de la educación pública. Las reflexiones que emanan de su experiencia como profesora de una universidad pública van más allá de los nombres propios, buscando que el debate se centre en ideas y no en personas.
En Colombia existe una fuerte admiración por los modelos europeos, especialmente por sociedades como la alemana, reconocida por su avanzada infraestructura y su amplia oferta cultural. Muchos colombianos aspiran a vivir, estudiar o incluso desarrollar sus carreras en naciones europeas, pero, según la autora, ignoran que la piedra angular de estos logros es un sistema de educación pública y gratuita robusto. Aunque sectores altos y emergentes de la sociedad colombiana buscan replicar el estilo de vida de Europa, rara vez abogan por un cambio real en el presupuesto nacional que fortalezca una educación pública universal y gratuita.
El artículo señala que, aunque Alemania ofrece educación gratuita que ha beneficiado a varios colombianos, no se propone que Colombia simplemente copie modelos ajenos. Más bien, la autora utiliza el ejemplo alemán para destacar la importancia de analizar el verdadero motor del desarrollo de estos países: la educación pública. El problema de fondo en Colombia radica en la mercantilización de la educación, que limita oportunidades y perpetúa las brechas sociales. La fallida aprobación de la Ley Estatutaria de Educación en 2023 en el Congreso, que habría consagrado la educación como derecho fundamental, ilustra la falta de voluntad política para afrontar este reto.
El estudio divulgado por El Tiempo el 24 de enero, basado en datos de la Contraloría General, muestra que solo una de las 34 universidades públicas es autosostenible, lo cual revela el largo recorrido de privatización y desfinanciación del sector. El debate gira en torno a dos modelos: uno que concibe a las universidades públicas como empresas generadoras de ingresos, y otro que defiende la financiación estatal y el trabajo con la sociedad desde las especificidades locales y el compromiso social.
Según la autora, la tendencia a imitar figuras exitosas de otros países se ha trasladado a la financiación universitaria, aunque desvirtuando el apoyo estatal que caracteriza al modelo alemán. El modelo de universidad empresarial, favorecido en décadas recientes, ha fortalecido el sector privado y debilitado la educación pública. Por el contrario, el modelo alternativo busca ampliar la cobertura, fortalecer la planta docente –como se vio con el reciente descongelamiento para todas las sedes– y priorizar la equidad territorial y social.
La pugna en la UNAL se convierte así en el reflejo de un debate nacional: si apostar por la educación como bien público o como servicio comercial. El futuro del país, en perspectiva de la autora, depende de lograr un consenso que priorice el acceso universal y gratuito a la educación como medio de reducción de brechas, fortalecimiento de la economía y construcción de una sociedad más cohesionada. La invitación se extiende a la reflexión social y al análisis crítico sobre el modelo educativo que Colombia necesita para enfrentar sus desafíos estructurales.
¿Qué implicaría declarar la educación como derecho fundamental en Colombia?
Esta pregunta surge del histórico rechazo en el Congreso colombiano a consagrar la educación como un derecho fundamental mediante una Ley Estatutaria. Declarar la educación como tal implicaría otorgarle una protección jurídica reforzada, obligando al Estado a garantizar su acceso universal y gratuito en condiciones de igualdad. Para la sociedad y las universidades públicas como la UNAL, esto representaría un cambio en la asignación presupuestal, priorizando la expansión de cobertura y calidad por encima de las presiones del mercado o los intereses privados.
La relevancia de este debate reside en que la consagración de este derecho transformaría la relación del Estado con sus ciudadanos, posibilitando acciones afirmativas para reducir desigualdades y cerrar las brechas educativas y sociales. Desde una perspectiva institucional, también significaría un giro en las exigencias de sostenibilidad financiera, privilegiando el apoyo estatal y el compromiso con las comunidades, antes que el autofinanciamiento a través de la venta de servicios o alianzas empresariales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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