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Detrás de los carrobombas, emboscadas y balaceras que tienen atemorizados a los habitantes de la frontera de los departamentos de Valle y Cauca, hay mucho más que un intento de las disidencias de las Farc por fortalecer su posición política en la mesa de negociaciones con el Gobierno. El verdadero trasfondo del conflicto en este punto caliente del mapa, es el dominio de un lucrativo enclave de cocaína para los narcos.
La pista para entender esta situación está en el último Monitoreo de Cultivos de Coca en Colombia, presentado hace tres semanas por la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Crimen (Unodc).
(Vea también: Incautan más de 3 toneladas de cocaína en el Pacífico colombiano; golpe al narcotráfico)
En ese informe, la entidad concluyó que se formó un nuevo enclave productivo en el eje Timba-Jamundí-Buenos Aires, el cual se suma a los otros 14 que ya existían en el país.
Este hallazgo coincide con una serie de ataques del Estado Mayor Central (EMC) en esos territorios, buscando defender una posición amenazada por la Operación Trueno, con la cual el Ejército pretende desplazar a ese grupo de sus bastiones estratégicos.
El 22 de septiembre pasado explotó un carrobomba junto a la subestación policial de Potrerito, en Jamundí (Valle), que dejó 11 heridos, cinco casas devastadas y seis averiadas.
El 20 de septiembre ya habían detonado otro carrobomba que destruyó la subestación del corregimiento de Timba, en el municipio caucano de Buenos Aires. La explosión dejó cuatro civiles heridos y mató a dos que pasaban por allí: la docente Estela Balanta y el albañil Ardani Álvarez, residentes en la vecina Jamundí.
El 13 de agosto anterior, otro carrobomba había estallado cerca de la misma subestación de Timba, asesinando a Carmelo García Gómez, subintendente de la Policía.
En Jamundí, entre el 19 y el 20 de julio hubo tres ataques con granadas y explosivos improvisados, que dejaron un muerto y 10 heridos (tres de ellos policías) en una gasolinera del sector La Circunvalar, la zona rosa del barrio El Portal de Jordán y una vía del barrio Anturios.
La situación ya se venía agravando desde el pasado 5 de diciembre, cuando las disidencias atacaron a un pelotón en la vereda Munchique, de Buenos Aires, acribillando a seis soldados y dejando heridos a otros siete.
Todo esto sin contar los hostigamientos a estaciones y patrullas militares, que suelen ser casi a diario en la zona.
“En los últimos dos meses hemos visto que la violencia se incrementó. Ahí los más afectados siempre somos los habitantes, que quedamos como entre dos fuegos todos el tiempo”, comentó un líder social de Cauca, quien pidió la reserva de su identidad.
Y añadió: “Falta ver si se acuerdan de nosotros en esa mesa de paz”.
Se refiere al inicio de los diálogos que el Gobierno y el EMC pactaron para este domingo en el Catatumbo.
Este proceso pone de nuevo sobre el tapete la reseñada oleada de crímenes en Buenos Aires, Timba y Jambaló, que se reactivó cuando los acercamientos exploratorios estaban en su punto más alto.
¿Por qué es tan estratégica esa frontera para el EMC, la disidencia que lidera Néstor Gregorio Vera, (“Iván Mordisco”), al punto de defenderla a sangre, fuego y bombas?
El último informe de Unodc reportó que en Colombia, según los datos recopilados en 2022, hay 230.000 hectáreas sembradas de coca, repartidas en 185 municipios y con un potencial de producir anualmente 1.738 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína.
El negocio está sostenido por 15 enclaves productivos, es decir, territorios estratégicos en los que confluyen casi todos los eslabones de la cadena del narcotráfico en un mismo lugar: cultivos ilícitos, laboratorios para el procesamiento, centros de acopio y plataformas de transporte (rutas fluviales, corredores terrestres o pistas de despegue).
En esos enclaves, cuya fabricación en masa de alcaloides está activa desde 2018 (el estándar de la ONU define que deben ser mínimo cinco años de operación ininterrumpidos para catalogarlos con tal), ocupan apenas el 14% del territorio cultivado con coca, pero generan el 44% de toda la producción de cocaína, lo que indica que son altamente eficientes e industrializados.
Al poner estos lugares en el mapa, todos coinciden con las zonas en las que hay presencia simultánea de múltiples grupos armados, pues todos quieren controlar una tajada de estas fábricas de droga.
El más grande es el ubicado en la subregión del Catatumbo (Norte de Santander), con 27.766 hectáreas, las cuales se pelean el EMC, la Segunda Marquetalia, el ELN, Clan del Golfo y “los Pelusos”.
Diez de los 15 identificados están en la región Pacífica, donde también se enfrentan esas mismas organizaciones delictivas (menos “los Pelusos”), configurando una especie de tablero de ajedrez de la coca, en el que cada grupo quiere tener una mejor posición en las zonas de enclaves.
Hasta ahora el papel de la Fuerza Pública, incapaz de frenar la cosecha y la producción del alcaloide, es tratar de mitigar la violencia cuando estas mafias chocan.
El último enclave consolidado es, como ya mencionamos, Timba-Jamundí-Buenos Aires, el escenario de los más brutales atentados en los últimos meses.
Según fuentes policiales, la organización más fuerte en esa área es el EMC, que despliega sus tentáculos con la columna móvil Jaime Martínez, comandada por Iván Jacobo Idrobo Arredondo (“Marlon Vásquez”).
Sus hombres instigan la producción de cocaína y aprovechan los afluentes del río Cauca para transportarla, con fines de exportación.
“Uno no puede señalar a nadie, porque ellos por aquí son la ley. Pero todo el mundo sí sabe que los señores de las Farc son los que manejan el tema de la coca. Los policías se mantienen atrincherados en las estaciones, van muy poquitos a las veredas, y el Ejército se ve muy esporádicamente, entonces estamos graves”, contó un habitante de la zona rural de Jamundí.
Fuentes cercanas a los acercamientos de paz expresaron que el tema principal de la mesa será consolidar, lo antes posible, un cese el fuego bilateral. El propio ‘Iván Mordisco’ ha insistido en este tema con videos y comunicados distribuidos por Internet.
En uno publicado el pasado 4 de octubre, dirigido al presidente Gustavo Petro, pidió que le ordenara a la Fuerza Pública “cesar los ataques para generar el ambiente propicio para la instalación de la mesa”.
(Vea también: Asesinan a otro firmante de paz en Colombia; estaba con su nieto, que también fue ultimado)
En el mismo texto se quejó de que el Gobierno calificara a su grupo como narcotraficante. “¿En serio se creyó el discurso de los uribistas y los dirigentes de Comunes que dicen que somos narcotraficantes? (…). Usted sabe que detrás del nombre Farc-Ep hay un proyecto político”, redactó.
Sin embargo, sus violentos esfuerzos por controlar el enclave Timba-Jamundí-Buenos Aires y otros tantos en el ajedrez de la coca, contradicen ese falaz discurso de que no son narcos.
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