El abogado pagó casi 10 millones de pesos y hasta contrató los servicios de una trabajadora sexual para convencer a un exparamilitar de hablar a favor del expresidente Álvaro Uribe y en contra del senador Iván Cepeda. Así lo determinó la Comisión de Disciplina Judicial del Valle en un fallo con el que le suspendió la tarjeta profesional al abogado, por las gestiones que adelantó en la cárcel de Palmira para torcer al testigo Carlos Enrique Vélez.
Además, pide que se investigue al abogado principal del exmandatario, el penalista Jaime Granados. La defensa de Cadena apeló y está por definirse la segunda instancia.
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El fallo, aunque no está en firme, despeja muchas controversias que ha suscitado este capítulo del caso por manipulación de testigos que llevó al expresidente Uribe a estar privado de la libertad.
Vélez, conocido con el alias de ‘Víctor’, se ha hecho célebre porque en 2018 llegó a la Corte Suprema una carta firmada por él en la que aseguraba que Cepeda le ofreció prebendas por testificar en contra de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Para los magistrados disciplinarios, es claro que Cadena quiso engañar a la justicia enviando esas cartas con contenido falso, que al exparamilitar le pagaron por ello y que el abogado visitó al testigo durante meses antes de enviar la misiva.
En el fallo se lee: “se probó que los abogados estuvieron previamente visitándolo en la cárcel; que posterior a ello se empezaron a realizar pagos mediante giros a su entorno familiar y personal y que las cartas contenían falsedades”. Sobre el primer punto, en la Comisión de Disciplina se probó que Cadena visitó al testigo Vélez dos veces en la cárcel de Palmira. La primera vez fue en julio de 2017 y ese día Vélez firmó una carta que llegó al despacho del fiscal general Néstor Humberto Martínez, en la que pedía ser escuchado como testigo en los procesos contra los Uribe. El socio de Cadena, Juan José Salazar, visitó la misma cárcel doce veces.
Según Vélez, ese día Cadena se presentó como abogado de Uribe y llegó con una carta previamente escrita en la que enlodaba al senador Cepeda. El fallo concluyó con base en otras pruebas que el abogado intentó “persuadir” al testigo de firmar. Y que el contenido de esa carta y de otra posterior, que Cadena radicó en la Corte Suprema, no es cierto. “Si Carlos Enrique Vélez nunca ha visto personalmente a Iván Cepeda, el contenido común de las cartas, en lo relativo a una reunión con el congresista en la cárcel La Picota, no pudo haber ocurrido, y mucho menos las supuestas promesas de beneficios por declarar contra los hermanos Uribe Vélez”, asegura la sentencia.
Las cartas fueron radicadas por Jaime Granados, el defensor principal de Álvaro Uribe. De allí que la decisión también compulse copias para que la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá determine “la eventual responsabilidad disciplinaria del referido profesional del derecho en estos hechos”, según se lee en la decisión. Esta orden tampoco está en firme hasta que se defina la segunda instancia.
Los sobornos y la trabajadora sexual
El fallo asegura que Vélez no accedió a firmar porque sí, sino que hubo una “promesa remuneratoria”. Es decir, sabía que le iban a pagar. Y Cadena cumplió. La Comisión de Disciplina no tuvo cómo confirmar los pagos en efectivo, pero sí se comprobó que el mensajero de la oficina de Diego Cadena hizo al menos 24 transferencias de dinero a la hermana de Carlos Enrique Vélez y a una trabajadora sexual, quien identificó al exparamilitar como uno de sus clientes. En total, los giros suman $9′400.000 y para los magistrados no hay duda que fueron un soborno.
Cadena ha reconocido que sí le hizo transferencias a Carlos Enrique Vélez, pero ha dicho que fueron ayudas humanitarias por las difíciles condiciones del testigo en la cárcel. El fallo no se fue con medias tintas: “los dineros que recibió Carlos Enrique Vélez Ramírez a través de familiares y amigos, no corresponden ni a viáticos, ni mucho menos a regalos por razones humanitarias. Se trataba pura y simplemente de retribuir la elaboración y firma de sendas cartas con contenido falaz, las cuales tenían como destino al proceso de única instancia que se adelantaba contra el senador Iván Cepeda por denuncia formulada por Álvaro Uribe Vélez”.
Además, los magistrados no entienden cómo el pago a una trabajadora sexual puede ser entendido como una ayuda humanitaria. Y, en todo caso, dice la sentencia, tampoco tiene sentido que Diego Cadena le hubiera pagado a un testigo simplemente por decir la verdad. En ese sentido, el fallo disciplinario agrega: “las reglas de la experiencia enseñan que ningún abogado busca influir en posibles testigos de una actuación judicial, ni busca sobornarlos, si no es para que falten a la verdad. Es absolutamente inusual pagar a un testigo para que diga la verdad, máxime si ello se da en un contexto como el que acá se presentó”.
Por estos hechos, la Comisión de Disciplina del Valle le suspendió la tarjeta profesional a Diego Cadena por 34 meses y le impuso una multa de 10 salarios mínimos. Asimismo, su socio Juan José Salazar, no podrá ejercer como abogado por 27 meses y tendrá que pagar una sanción de siete salarios mínimos. Además, el fallo le pide a la Comisión de Bogotá investigar si el abogado Jaime Granados incurrió en alguna falta disciplinaria. Como la defensa de Cadena y Salazar apeló, la sentencia todavía no está en firme y falta ver qué decide la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en segunda instancia.
Ya en febrero de este año, la Comisión de Bogotá había sancionado a Cadena por las visitas que hizo al testigo Juan Guillermo Monsalve, un hombre que ha señalado supuestos vínculos de los Uribe con grupos paramilitares. Asimismo, está en juicio penal por las dádivas entregas al testigo Vélez, proceso que enfrenta en libertad. En todos los expedientes, el abogado y su socio Salazar se han declarado inocentes. Mientras tanto, la Fiscalía está convencida de que Álvaro Uribe no tuvo nada que ver con las presiones a testigos en este caso y está argumentando ante una jueza de Bogotá por qué el proceso contra el expresidente debería cerrarse.
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