El Ministerio Público Distrital reclamó la defensa de derechos del ciudadano y logró que la inspectora 17 de Policía de Atención Prioritaria, Mireya Peña García, se abstuviera de imponer la medida correctiva.

La entidad recordó que para lograr una reducción del 50 % del valor de la medida correctiva, el joven pagó 441.662 pesos dentro de los primeros cinco días hábiles, dinero que deberá reintegrarle el Distrito. La medida había sido impuesta por un agente de la Policía, el pasado 11 de febrero.

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La primera acción de la Personería fue solicitar la priorización de la audiencia, por ser de interés general, más aún cuando estas diligencias se están realizando hasta 8 meses después de impuesto el comparendo, y logró que el caso se resolviera en menos de un mes.

El Ministerio Público Distrital, además, acompañó a Stiven Claros en la diligencia que se realizó el pasado primero de marzo y dentro de la audiencia solicitó no aplicar la medida correctiva por ser una interpretación desmedida de la norma.

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El agente de Policía fue citado para escuchar su versión el 8 de marzo, en presencia del afectado y la Personería.