Todo empezó en abril pasado cuando un juzgado civil de la capital del Atlántico ordenó que la Supersalud debía pagarles 85.000 millones de pesos a 38 IPS que tenían contratos con siete EPS, intervenidas y liquidadas por malos manejos de los recursos y problemas en la prestación del servicio, informó Dinero en junio pasado.
Las clínicas que atendían a esos pacientes demandaron a la Supersalud porque las EPS quedaron con cuentas pendientes. El juez Libardo León López, en ese momento, consideró que la entidad debía asumir esas deudas, pese a que sus funciones son de control y vigilancia, y no administrativas.
Ahora, la deuda que según el juez del caso debe pagar la Supersalud equivale a cerca del 75% de su presupuesto anual, dinero que recibe de los aportes de las entidades que vigila y cuyos recursos provienen de lo que pagan los afiliados al sistema de salud. Es decir que, al final, la multa se pagaría con la plata de los colombianos.
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Por todas esas razones, la Superintendencia apeló el fallo, apoyada por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría, y a su vez demandó por prevaricato al juez León López y al magistrado Abdón Sierra, de la Sala Civil del Tribunal, que tomaron equivocadamente esas decisiones judiciales, explicó El Heraldo.
La defensa la basaron principalmente en que, por temas de jurisdicción, un juez civil no puede actuar en contra de una entidad estatal porque eso le corresponde a la justicia contenciosa administrativa y no a la ordinaria.
La decisión se fue a segunda instancia y el pago de la millonaria suma fue confirmado en los últimos días por el Tribunal Superior de Barranquilla, firmado, precisamente, por el magistrado Sierra. Esto, pese a que el fallo incluye las impresiones del magistrado Alfredo Castilla, que se apartó de la decisión y dejó claro que la Supersalud “no puede ser obligada a cumplir obligaciones que no fueron suscritas por ella”, indicó El Tiempo.
En este momento, tanto la Supersalud como la Agencia de Defensa Jurídica estudian las vías jurídicas para reversar el fallo y detener los problemas que esta sentencia le supondría a otras entidades estatales que imponen sanciones a empresas cuando cometen irregularidades.
“Por ejemplo, la Superintendencia Financiera tendría que responder por las deudas de un banco si este tuviese que ser liquidado y no tuviera los recursos suficientes para pagar a sus acreedores”, explicó Dinero.
Eso explica por qué la decisión generaría ese efecto dominó que terminaría por perjudicar a los colombianos pues se va a volver “más peligroso” para las entidades de control cumplir su labor, según le dijo el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, al diario capitalino.
El funcionario detalló en ese medio:
“Cada vez que vayamos a intervenir una EPS que no cumpla con sus obligaciones, no tenga margen de solvencia o haga mal uso de los recursos, se van a devolver contra la ‘Super’. Si esto toma ese curso, tendríamos que liquidar la entidad. ¿Qué va a pasar entonces con las intervenciones y liquidaciones que se vienen? Este precedente envía un mensaje nefasto: se están legitimando todas las irregularidades, incluidos fraudes y robos, que se han hallado”.
Es decir que si una EPS maneja irregularmente sus recursos, presta mal servicio de salud o abusa de los usuarios, va a haber muchos problemas para que puedan investigarla, pese a que haya cientos de quejas de los pacientes.
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