La inconformidad para los padres comenzó el mismo día en que el Ministerio de Salud confirmó la llegada del primer caso de coronavirus a Colombia, pues el 6 de marzo la institución varió apartes del manual de convivencia sin consultarlo con ellos, según le dijeron a El Tiempo.
Esos cambios pueden hacerse y el jardín está en la libertad de hacerlo cuando lo considere, sin embargo, deben discutirlo con todas las personas que integran la comunidad educativa; como los padres de los estudiantes, que en este caso son niños pequeños.
Justamente esa es una de las quejas, pues los denunciantes aseguran que no les consultaron los cambios, en especial uno que los tiene alarmados en el que se estableció que quienes quieran retirar a sus hijos deben pagar una multa equivalente a tres meses de pensión: 2.850.000 pesos, si lo hacían en el primer trimestre del año, justo cuando comenzó la pandemia.
El nuevo fragmento del manual de convivencia establece que la multa disminuye a medida que va pasando el tiempo. Si los padres retiran a los niños en el segundo trimestre debían cancelar dos meses de pensión y hacia el final del año el valor era igual al de un mes, que representa 950.000 pesos.
A medida que los niños tenían clases virtuales, muchos padres quisieron congelar las matrículas o sacar a los niños de la institución, pues sentían que pagaban un cobro muy elevado que no se justificaba teniendo en cuenta que los niños entre los 3 y 5 años, difícilmente mantienen su atención por varias horas frente a una pantalla.
Por eso, al hacer la consulta se dieron cuenta que el manual de repente varió y que en comparación al del año 2019, la multa por retirar un estudiante se triplicó, sin que se les avisara y que más de 100 padres consideran que “no se hizo de manera adecuada pues fue incluida durante la pandemia”, dijo hace unos días Óscar Guzmán, uno de ellos en W Radio.
Ante la queja, Claudia Díaz, integrante de la Junta Directiva del Jardín Infantil Rafael Pombo, aseguró que se han esforzado por dar lo mejor e incluso tienen “una plataforma propia”; afirmación que los padres aseguran que no es cierta, pues los niños se conectan por Google Meet, que además es gratuita y es otra de las razones por la que los padres piden disminuir los costos que están pagando por la educación de sus hijos. La directiva señaló que ella se refiere a la creación de otra plataforma, cuyo uso de suspendió por la emergencia.
Sin embargo, Díaz también pidió comprensión, pues las familias no están pagando rubros como el del transporte, entre otros, pero la institución mantiene vinculadas por nómina a las personas que prestaban esos servicios y que son alrededor de 70, dijo.
El jardín también insistió en que no recomienda interrumpir la educación de los niños, pese a su corta edad, aunque entiende que muchas familias redujeron sus ingresos y que muchos otros “pueden pagar y simplemente no quieren hacerlo”; por eso, les ofrecieron llenar un formulario para que expliquen su situación y se evalúe si se les exime del pago.
Entre tanto, Marta Martínez, directiva del jardín, le aseguró a El Tiempo que “no se les obliga a los padres a pagar la cláusula por retiro de la institución” y que incluso ofreció otras medidas a los padres:
“Retiro sin ninguna penalidad, no pago por los servicios no prestados de transporte y alimentación, descuentos según el grado para el presente año en el pago de las pensiones y descuentos para el año venidero para los que continúen en el jardín. Para los casos más extremos, se han concedido becas para no interrumpir la educación de los niños”.
Entre tanto, un perfil en Instagram creado por los padres del jardín pide “dejar sin valor ni efecto un manual que evidentemente si fue alterado de manera unilateral, irregular y favorable solo para los intereses económicos de su junta directiva y pedimos al Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación de Bogotá revisar esta terrible situación y aplicar los correctivos necesarios”.
Díaz, por su parte, dijo que esa multa le conviene a los padres, pues eso les evita pagar la totalidad del año lectivo, como lo establece el contrato que firman cuando se vinculan a la institución.
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