Un terremoto institucional sacude al sistema judicial colombiano tras conocerse la primera acción legal formal en contra de la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo. La ofensiva jurídica se produce a raíz de la explosiva revelación hecha por la exfiscal Lucy Laborde, quien destapó públicamente en Semana las presiones directas que habría recibido desde la cúpula del ente investigador para modificar los cargos imputados dentro del proceso penal que se sigue en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del expresidente Gustavo Petro.
Ante este panorama, la Red de Veedurías Ciudadanas acudió formalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para solicitar que se investigue a la jefa del organismo por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal. En la denuncia radicada ante el presidente de la corporación, el congresista Carlos Cuenca Chaux, los veedores señalan que, si bien la fiscal general negó los señalamientos a través de una entrevista pública emitida el pasado 23 de agosto, la claridad sobre los hechos solo podrá ser dilucidada por la autoridad competente mediante el debido proceso y con plenas garantías para la defensa.
El eje central de la controversia se remonta a la entrevista concedida a la citada revista por la exfiscal Laborde, quien aseguró que la orden directa de Luz Adriana Camargo consistía en suprimir el cargo de lavado de activos y sustituirlo únicamente por el punible de enriquecimiento ilícito. Esta modificación procesal pretendía impactar el expediente que afronta el exdiputado por el Atlántico por los dineros presuntamente entregados por el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias El Hombre Marlboro, y el empresario cartagenero Gabriel Elías Hilsaca Acosta durante la campaña presidencial de 2022, recursos en los que Petro Burgos fungió como enlace regional.
De acuerdo con el detallado testimonio de Laborde, la exigencia se concretó durante una cumbre llevada a cabo en el despacho de la propia fiscal general, ubicada en el búnker del occidente de Bogotá. En aquella reunión —en la que participaron la delegada Aura Liliana Trujillo, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y la entonces directora de lavado de activos, Alexandra Ladino— la máxima autoridad del organismo interpeló directamente a la fiscal del caso preguntándole su postura sobre el lavado de activos. Ante la respuesta afirmativa de la funcionaria, y tras una evidente muestra de sorpresa de la delegada Trujillo, Camargo habría planteado abiertamente la modificación de la tipificación tras indagar sobre las consecuencias jurídicas, advirtiéndose en el recinto que mantener el lavado de activos implicaba un riesgo inminente de ingreso a la Lista Ofac.
Entre tanto, el proceso penal principal contra Nicolás Petro Burgos continúa su rumbo procesal a la espera de que el Tribunal Superior del Atlántico defina el paquete probatorio definitivo que se debatirá en la etapa de juicio oral.
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