Escrito por:  Redacción Nación
Ago 1, 2025 - 4:07 am

En medio de una creciente controversia, los abogados Germán Calderón España y Abelardo de la Espriella, interpusieron una demanda contra el Decreto 0858 del 30 de julio de 2025.

(Vea también: Colpensiones hace llamado para que colombianos no se duerman con cambio que viene pronto)

La medida es la base del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo que el Gobierno de Gustavo Petro busca implementar como política pública obligatoria en Colombia.

En la demanda se cuestiona la constitucionalidad del decreto, argumentando que el Gobierno vulneró la separación de poderes al imponer esta reforma sin la aprobación del Congreso. Según los abogados, esto afecta el derecho fundamental a la salud de los colombianos.

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Abelardo De la Espriella / Instagram: delaespriella_style
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¿Qué busca el decreto de Gobierno Petro sobre sistema de salud?

El decreto propone reorganizar el sistema de salud, priorizando la atención primaria a través de los Centros de Atención Primaria (CAPS) y las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS). Sin embargo, ha despertado fuerte resistencia dentro del sector médico, especialmente de las EPS y gremios hospitalarios.

Esta acción busca proteger la democracia y el derecho al debate legislativo consagrado en la ley”, afirmó Abelardo de la Espriella. A este argumento se suman las advertencias de ACEMI y la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, que temen una posible fragmentación del sistema si se impone el decreto sin planificación ni recursos adecuados.

Gustavo Petro presentando por primera vez la reforma a la salud / AFP
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Preocupación sobre decreto 0858 del 30 de julio de 2025

Diversos sectores expresan preocupación por la ausencia de una hoja de ruta clara y por los vacíos técnicos del modelo, además de la falta de garantías financieras, especialmente en zonas rurales.

También se critica el uso del decreto como mecanismo para modificar el sistema de salud, señalando una posible improvisación del Gobierno y un uso desmedido del poder ejecutivo.

Frente a este panorama, la demanda es vista como un paso jurídico importante en defensa del sistema de salud y del equilibrio institucional. No obstante, el proceso será largo, ya que el conflicto involucra cuestionamientos legales y responsabilidades políticas de fondo.

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