Jenny Constanza Osorio Vélez y Ángel Eduardo Triana Rojas asumieron formalmente sus funciones como delegados del registrador nacional para prestar apoyo en las elecciones al Congreso de la República en el departamento del Quindío. La ceremonia tuvo lugar en la oficina del registrador departamental, Juan Miguel Galvis Bedoya, quien se encargó de tomarles juramento y explicarles sus responsabilidades inmediatas. A partir de este momento, los nuevos delegados comienzan una labor fundamental de observación y respaldo para que el proceso electoral se lleve a cabo bajo los estándares de legalidad y confianza establecidos.
Tras la juramentación, Osorio Vélez y Triana Rojas se enfocarán en el acompañamiento durante todas las etapas electorales dentro del Quindío. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el énfasis de su gestión estará en la vigilancia tanto de las fases previas como de las acciones posteriores al evento electoral que tendrá lugar el domingo 8 de marzo, supervisando la transparencia de las votaciones y la seguridad en el conteo y escrutinio de los votos. Este compromiso se traduce en una garantía institucional para la ciudadanía, que espera que su voto sea respetado y los resultados reflejen su voluntad.
Además de la posesión de los delegados, la organización electoral enfrenta retos importantes en la verificación de los comités ciudadanos que pretenden participar en los comicios. De los 91 comités inscritos, solamente 22 lograron presentar las firmas de apoyo, y apenas 15 de ellos alcanzaron el número mínimo de firmas válidas exigidas para participar, según las disposiciones de la Ley 996 de 2005. La legislación establece que este umbral corresponde al 3% del número total de votos válidos obtenidos en la primera vuelta presidencial de 2022, lo que se traduce en un mínimo de 635.216 firmas auténticas.
En numerosos casos detectados, la Registraduría identificó irregularidades como la entrega de formularios en blanco, fotocopias y registros de firmas elaboradas por una sola mano o impresas digitalmente, lo cual derivó en denuncias formales ante las autoridades competentes. Esta vigilancia estricta busca asegurar que únicamente los comités que cumplen las condiciones legales puedan participar, reduciendo los riesgos de fraude o manipulación en la inscripción de candidatos.
El proceso de inscripción oficial de candidaturas iniciará el sábado 31 de enero y se extenderá hasta el 13 de marzo, de acuerdo con el cronograma establecido por las autoridades electorales. Este periodo será clave para concluir la depuración de listas y garantizar un escenario electoral genuino, donde cada actor político participe en igualdad de condiciones y la ciudadanía tenga plena confianza en la institucionalidad y los resultados finales.
¿Cuáles son las consecuencias legales para los comités que presentaron firmas no válidas o formularios irregulares?
La estricta supervisión en el proceso de recolección de firmas tiene como objetivo salvaguardar la transparencia y legitimidad de la participación política. Cuando los comités ciudadanos incurren en la entrega de formularios irregulares, como aquellos con firmas falsas, planas o impresas, la Registraduría Nacional del Estado Civil presenta denuncias ante las autoridades competentes, tal como se evidenció en este proceso electoral. Estas acciones pueden derivar en procesos de investigación y posibles sanciones administrativas o incluso penales para aquellos implicados.
La presencia de requisitos claros y la aplicación de medidas correctivas para quienes los incumplen son aspectos fundamentales para prevenir fraudes en la postulación de candidatos y garantizar que solo quienes cuenten con apoyo ciudadano real puedan acceder a las elecciones. Este rigor también contribuye a fortalecer la confianza pública en la integridad del sistema electoral y en las instituciones encargadas de su vigilancia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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