La nueva alerta temprana de la Defensoría tiene su foco en el recrudecimiento de la violencia y el fortalecimiento de grupo armados ilegales en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La conclusión es clara: en los últimos años se incrementó el riesgo de vulneración a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
“La Alerta Temprana señala el fortalecimiento de estructuras armadas del narcotráfico y del crimen organizado locales y regionales que se encuentran al servicio del Clan del Golfo, la persistencia de la estructura armada Los Rastrojos y la tercerización de grupos delincuenciales locales tales como la banda de Los Pusey o La Fortaleza que mantienen su injerencia en el Archipiélago”, explicó la Defensoría.
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La violencia homicida está en aumento en el archipiélago. Mientras en el 2019 se reportaron 21 homicidios; 2020 dejó 38 personas asesinadas, y 2021 un total de 37 víctimas. En lo que va corrido del año, han sido asesinadas 11 personas. La Defensoría atribuye la violencia a los enfrentamientos y a las disputas por las rentas criminales.
Asimismo, la Defensoría pone de presente que, aparte, las condiciones sociales en el archipiélago de San Andrés desmejoraron en los últimos años. Mientras los homicidios están en aumento, se siguen sintiendo los impactos de la pandemia por COVID-19 y el paso del Huracán Iota, que en 2020 afectó hasta el 90% de la infraestructura de Providencia.
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“Estas condiciones han hecho que la niñez, los adolescentes y jóvenes sean los más afectados y no solo sean utilizados para las labores de transporte de drogas, también son instrumentalizados para el sicariato, el cobro extorsivo, las amenazas y los hurtos. La comunidad también ha denunciado cada vez más casos de violencia y explotación sexual comercial de mujeres, niñas y niños y adolescentes raizales que están relacionados con el turismo”, agrega la Defensoría.
Dentro de las recomendaciones de la alerta temprana está diseñar una estrategia de fortalecimiento de la población raizal y capacitar a miembros de organismos de control para que persigan los delitos relacionados con la trata de personas y tráfico de migrantes. La Defensoría espera, además, que las entidades de gobierno se enfoquen en la prevención para que los jóvenes no ingresen a los grupos armados ilegales.
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