Como era de esperarse en un debate, hubo opiniones a favor y en contra de la medida anunciada por el gobierno del presidente Iván Duque, que busca el decomiso de droga en espacios públicos, y frenar de esta manera parte de la extensa red que distribuye estupefacientes en los entornos educativos.

El senador Antonio Sanguino, del Partido Verde, se mostró escéptico sobre el alcance real del decreto porque inscribe el enfoque de la lucha contra las drogas en el consumo, un modelo que a su criterio ha fracasado en Colombia y el mundo y que, además, se presta para abusos de las autoridades y la policía.

Opinión similar tuvo el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que mencionó que el borrador del decreto lo encabeza el ministerio de Defensa, y que “cuando la política pública frente a este tema no la señala el ministerio de Salud ni el ministerio de Justicia, sino el ministerio de Defensa Nacional, pues sabemos hacia dónde se dirige”.

Por su parte, Miguel Bettin, director de FundaCreSer y de la revista científica Quicio, cree es el principio; el inicio para combatir una permisividad enorme que tiene inundada de droga las universidades y los centros educativos, sin desconocer que lo que más falta son las medidas de salud pública.

Menciona Bettin que la distribución de la droga ha cambiado muchísimo porque ya no se habla tanto de ollas o de grandes expendios en sitios particulares, sino que se ha trasladado a las casas, a los colegios y universidades, y que toda esa distribución le pertenece a los clanes de la droga, entre ellos el Clan del Golfo, que dividen las ciudades por cuadrantes.

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En el debate, Bettin aseguró que la población que más consume droga en Colombia es la que está entre los 12 y 24 años. “Creo que la medida tiene una muy buena intención” dijo, pero que si no está acompañada de una política integral no tendrá un impacto profundo. Así mismo, manifestó que no se puede seguir extrapolando los modelos de prevención de otros países, como el holandés o el portugués, porque no caben en el modelo colombiano.

Sobre el decreto, la politóloga Sandra Borda planteó dos preguntas: “¿Qué pasa si no es un adicto, tampoco un narcotraficante, sino un consumidor recreacional? ¿Cuál es el problema de consumir recreacionalmente drogas?”.

Estas preguntas abonaron el terreno para su opinión de que la lucha contra las drogas no tiene un objetivo realizable, porque buscar que nadie consuma drogas bajo ninguna circunstancia es prácticamente imposible. “Yo creo que lo que hay que hacer aquí es desmoralizar el debate de una vez por todas”, afirmó la panelista.

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“¿Qué es para usted desmoralizar el debate?” preguntó la periodista Diana Calderón.

“Asumir que consumir droga es una cosa pecaminosa y equivocada. Eso es moralizar el debate”, respondió Borda.

“¿Y no lo es?”, dijo la directora de Hora 20.

“No creo que lo sea como tampoco consumir alcohol lo es, como tampoco me parece que consumir ningún otro tipo de sustancia que tiene esos efectos es negativo”, reiteró Borda.

Para dejar el tema claro, Diana Calderón dijo que “el consumo de drogas para usted no es un veneno”, afirmación que terminó en una confesión de Sandra Borda al aire:

“No. Y además me declaro consumidora. Yo no tengo ningún problema con eso. No soy adicta, soy consumidora recreacional”, expresó.

Y agregó: “Y no me resisto la gente que todo el tiempo está intentando decir que los consumidores son unos pecaminosos que hay que meter a la cárcel en dos minutos. No me parece que eso sea realista”.

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Fue entonces cuando Miguel Bettin aseguró que está científicamente comprobado que cuando un niño (o un adolescente), que tiene su cerebro en pleno desarrollo, consume sustancias sicoactivas, incluso marihuana, se altera su desarrollo neurosicológico. Es decir, sí tiene consecuencias negativas.

Tras su confesión al aire de ser consumidora recreativa, la politóloga dejó claro en su cuenta de Twitter que no pretende ser referente moral para nadie, y mucho menos que ahora esté promoviendo el consumo.