A pesar de que el hurto a personas, los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y las lesiones personales aumentaron, los mandatarios local y nacional tampoco hablaron de anuncios para cercar el accionar criminal que acecha a la capital.

Previo a que el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López, en compañía de la Policía y el Ejército, dieran inicio al consejo de seguridad, en el suroriente de Bogotá hallaron un hombre de 50 años con un tiro en la cabeza. Al término de la jornada, de la que se esperaban anuncios, ocurrió el crimen de otro hombre en Bosa. Esa podría ser la radiografía de lo que sucede en la capital. Mientras las autoridades planean estrategias, las organizaciones operan al margen de la ley, aprovechando los vacíos bien sea en capacidad policial o judicial.

Tras la conversación en el Palacio Liévano, que Petro calificó como una “cumbre de seguridad”, no hubo compromisos puntuales, sino anuncios del ideal de ciudad y de acciones, pero con resultados a largo plazo, cuando se consolide la estrategia de lo que ha propuesto el presidente: “Una paz total”.

Lo más cercano a un compromiso fue la promesa de ampliar el pie de fuerza y su insistencia a la Policía de que “proteja menos al Gobierno y más a la ciudadanía”, pero no dio un número de nuevos uniformados para la capital. Así las cosas, para expertos y políticos, quedó un sinsabor tras el tan esperado encuentro, que, contrario a decisiones puntuales, dejó un mar de elogios entre ambos por sus gestiones adelantadas.

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Inclusión

Durante 15 minutos, el presidente Petro, al término del consejo de seguridad, habló de las propuestas que presentó el Distrito, a las cuales mostró afinidad. Destacó que Bogotá está “a punto de dejar el mundo de las ciudades violentas y pasar al mundo de las ciudades en pacificación”. Reconoció el esfuerzo de las administraciones pasadas en temas de seguridad, al lograr disminuir, en 30 años, la tasa de homicidios de casi 90 casos por 100.000 habitantes a casi 12 este año.

No obstante, en el marco de su discurso no habló de estrategias para el corto plazo, pues buena parte de lo dicho se soportó en planes a futuro, que siguen siendo propuestas en ajuste. O por lo menos así se evidenció con el respaldo a la idea de hacer de Bogotá un piloto de justicia restaurativa, como se hace con infractores juveniles, pero con delitos menores como el hurto simple y las contravenciones. ¿Pero cuándo empezará?

“Perseguir el dinero del narcotráfico, que es el objetivo de los grupos delincuenciales, será una de las prioridades, así como el trabajo de inclusión para brindar más oportunidades a las poblaciones vulnerables que permitan disminuir la violencia”, fue otro de los anuncios al que tampoco le puso fecha.

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A pesar del sinsabor por la falta de anuncios concretos, algunos sectores se mostraron complacidos. El concejal Diego Laserna (Alianza Verde), por ejemplo, calificó de esencial la idea de apostar por más equidad social, para disminuir los niveles de violencia y criminalidad. Diego Cancino (Alianza Verde), por su parte, resaltó el querer sacar adelante un plan de manera articulada.

También fue bien recibida la directriz de perseguir el lavado de activos en asocio con la UIAF, como lo destacó la concejal Marisol Gómez (Nuevo Liberalismo), y el mensaje de la inclusión que sería el camino “para la reducción de la violencia masiva”, dijo la concejal Heidy Sánchez (Pacto Histórico).

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“No estamos en Suiza”

No obstante, el optimismo no opacó las voces críticas. Para Lucía Bastidas (Alianza Verde), lo dicho por Petro pareció más bien una estrategia nacional y no para Bogotá. “No salió de lugares comunes. No hay una estrategia para enfrentar el crimen. Si bien reconoce el aporte de los últimos gobiernos de la ciudad con inversión social y educación, parece estar alejado de lo que estamos viviendo los bogotanos. No estamos en Suiza, sino en Bogotá”, manifestó.

Jorge Colmenares, concejal del Centro Democrático, fue más punzante al opinar que la reunión no pareció un espacio productivo para la seguridad de la capital. “Se necesita más pie de fuerza y más atención a las denuncias, pero en un gobierno donde su ministro de Justicia opina que uno debe entrar en diálogo con quien lo hurte, da mucho qué hablar y esperar”.

Su copartidario Humberto Papo Amín, además de rechazar algunas iniciativas, como la de trasladar policías de los barrios a sitios de mayor afluencia, aprovechó para recordar que detrás de las cifras hay un alto subregistro. “No nos pueden engañar con cifras que distan de la realidad, sobre todo porque muchas víctimas no denuncian, bien sea porque asumen que no pasará nada o porque el trámite es dispendioso. Es lo que conocemos como subregistro”.

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Mientras que Rolando González (Cambio Radical) cuestionó la falta de medidas concretas: “Van más de 60 mil hurtos a personas en 2022 (8.000 con armas de fuego). Lo que se planteó es lo que ya se viene haciendo y no redunda en la disminución de los delitos. Recordemos que Bogotá tiene un déficit de 4.000 policías, y de los 17.000 actuales solo hay 7.000 patrullando en localidades”, señaló.

Pero los concejales de Bogotá no fueron los únicos preocupados. Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad, indicó que la ciudadanía merecía propuestas claras, pues la capital atraviesa uno de los picos más altos de percepción de inseguridad. “El presidente se limitó a decir que Bogotá es una de las ciudades más seguras. Creo que eso no es acorde con muchas cifras. No veo que hubiera abordado el tema que convocó la reunión: los ajustes de cuentas y los cuerpos embolsados en diferentes puntos”.

“Por el lado de la alcaldesa, creo que ha mejorado la relación con la Policía, por lo menos ya no sale todo el tiempo a criticarla, sino que trata de hacer un trabajo articulado. Me preocupan otras declaraciones, en donde dice que, básicamente, acá no está pasando nada y que frente al tema de percepción, este es cuestión de tiempo para que la gente entienda que Bogotá está más segura”, concluyó el experto.

Tanto políticos como analistas coinciden en que del consejo de seguridad debieron salir anuncios como articulaciones entre Fiscalía y Policía, para fortalecer la inteligencia y la investigación criminal, o por lo menos dar fecha a la llegada del pie de fuerza. Por lo pronto, ante lo que parece una estrategia pensada a largo plazo y sin soluciones reales para la emergencia inmediata, está claro que hay un sector que pide compromisos concretos. De no hacerlos a corto plazo, para muchos el esperado encuentro de esta semana solo habrá sido un espacio para una foto protocolaria.

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