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El martes, decenas de usuarios colmaron la sede de Nueva EPS, ubicada en la carrera 10 de Valledupar, exigiendo respuestas ante múltiples dificultades: suspensión de procedimientos médicos, ausencia de medicamentos, demoras en las remisiones a centros especializados y un alarmante incremento en el uso de tutelas y desacatos. Esta situación, según quienes protestaron, representa una amenaza directa a la vida y bienestar de los afiliados y sus familias.
Esperanza Arias, representante de usuarios en el Cesar, relató a El Pilón que el deterioro de la atención médica ha sido sostenido y cada vez más grave. Arias explicó que el bloqueo de la sede fue protagonizado inicialmente por una paciente de alto riesgo que necesitaba viajar a Bogotá para una consulta, pero que perdió su cita porque Nueva EPS no le entregó a tiempo los tiquetes. Relató casos similares de otros usuarios atrapados en largas gestiones, algunos esperando confirmaciones de pasajes desde hace meses.
Arias denunció también que la raíz del problema radica en la falta de cumplimiento de pagos por parte de Nueva EPS a las clínicas y proveedores: “las clínicas no cierran sus puertas porque sí, sino porque la entidad no honra sus compromisos económicos”, manifestó. Este incumplimiento ha llevado a que algunos prestadores rechacen pacientes remitidos, especialmente aquellos que requieren atención de alta complejidad. Además, hay usuarios del régimen subsidiado que todavía no han recibido medicamentos desde marzo, ni siquiera básicos como el acetaminofén.
El clima de zozobra se ha agudizado tras la salida de Luis Óscar Gálvez como interventor, en el contexto de la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024 debido a graves problemas financieros y de gestión. Desde el inicio de esta medida, la entidad ha atravesado al menos cuatro cambios en su dirección interventora, sin que se perciban mejoras sustanciales en la prestación del servicio, aseguraron los afectados. Según Arias, la incertidumbre sobre quién asumirá la gestión ha acentuado el sentimiento de abandono entre los usuarios.
Lejos de tratarse de un caso aislado, el colapso en Valledupar refleja una problemática nacional. La Defensoría del Pueblo reporta que Nueva EPS debe más de 120.000 tutelas aún sin abrir, procesos legales que buscan el cumplimiento del derecho fundamental a la salud. En el Cesar, los ciudadanos con enfermedades huérfanas, trasplantes o necesidades de alta complejidad recurren a la justicia para obtener tratamientos y traslados, pero incluso las órdenes judiciales no siempre se cumplen; las demoras o negativas dejan a los afectados sin alternativas de atención.
El drama se intensifica para quienes deben desplazarse a otras ciudades. Una de las pacientes explicó que, a pesar de tener autorizaciones judiciales, la EPS dilató la entrega de tiquetes y viáticos durante más de un año. Otros usuarios tampoco han recibido exámenes diagnósticos ni apoyo logístico. Además, la centralización de decisiones en Bogotá deja a las gerencias zonales sin autonomía real para resolver los requerimientos de los pacientes de manera ágil.
Este colapso generalizado no solo impacta a los usuarios individuales, sino también al departamento. Instituciones como la Gobernación y la Alcaldía han solicitado asistencia al Gobierno nacional ante la sobreocupación hospitalaria y los continuos cierres de servicios. Ante la falta de un pronunciamiento oficial de Nueva EPS, la comunidad, junto a organizaciones de pacientes, insisten en que la intervención lejos de resolver ha agravado la crisis, y piden a las autoridades respuestas inmediatas para evitar una emergencia sanitaria aún mayor.
¿Por qué se presentan tantos incidentes de desacato en los fallos de tutela de salud?
En el contexto colombiano, la tutela es un mecanismo judicial que permite a los ciudadanos exigir el cumplimiento de derechos fundamentales, como la salud. En el caso de Nueva EPS, según datos citados por El Pilón y la Defensoría del Pueblo, muchos usuarios han debido acudir a tutelas para forzar el suministro de medicamentos, tiquetes o la entrega de procedimientos médicos esenciales. Sin embargo, los incidentes de desacato surgen cuando, pese a una orden judicial favorable, la entidad no cumple las decisiones en el plazo o con las condiciones estipuladas.
El aumento de desacatos refleja no solo la gravedad de la crisis de gestión y financiera, sino también la desesperación de los usuarios, quienes se ven obligados a agotar todos los recursos legales para obtener la atención médica que por ley debe proveerles la aseguradora. Esta situación expone a las personas a riesgos adicionales y demuestra las carencias estructurales del sistema de salud, poniendo en tela de juicio la garantía efectiva de los derechos fundamentales bajo responsabilidad de entidades intervenidas como Nueva EPS.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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