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Las recientes elecciones de Juntas de Acción Comunal (JAC) y Juntas de Vivienda Comunitaria en Valledupar y el departamento del Cesar, celebradas el 26 de abril, han vuelto a poner sobre la mesa problemáticas históricas relacionadas con la organización barrial, la transparencia y la participación ciudadana. Entre las irregularidades expuestas, destaca el manejo poco transparente del libro de afiliados, documento vital para ejercer el derecho al voto en estos procesos. Tal como expuso Manfred Rodríguez, vecino del barrio 8 de Diciembre y citado por El Pilón, los libros muchas veces no están disponibles para la comunidad, presentan omisiones en las inscripciones y su acceso puede ser manipulado, favoreciendo a grupos que mantienen el control de las juntas y excluyen a la renovación.
Rodríguez, quien confiesa su reciente incursión en el mundo comunal, afirma que la falta de transparencia con el libro de afiliados es utilizada para restringir la participación, generando círculos cerrados de poder y obstaculizando la llegada de nuevas voces, especialmente de jóvenes. Según la normatividad vigente, los ciudadanos desde los 14 años tienen la posibilidad de inscribirse y participar en las juntas, un derecho clave para promover la participación y el liderazgo juvenil. Sin embargo, la desinformación, el desconocimiento y la apatía han sido aprovechados por parte de las dirigencias para mantenerse en sus cargos y limitar el debate democrático.
El caso del barrio 8 de Diciembre trasciende la teoría: Rodríguez denunció la ejecución de un parque con recursos públicos, por cerca de 60 millones de pesos, sin socialización ni claridad sobre cómo se gestionaron los fondos. A pesar de solicitar formalmente información a la Junta (incluso mediante derecho de petición), la respuesta habría sido insuficiente e irregular, lo que derivó en una denuncia ante la Personería local. Este ejemplo revela cómo las decisiones y los impactos de las JAC van mucho más allá de simples trámites, pues involucran directamente la gestión de los recursos y la calidad de vida de la comunidad.
La legislación que regula este proceso, la Ley 2166 de 2021, modificó la estructura y los calendarios de elección de las JAC en Colombia, determinando fechas claves como el cierre de libros (10 de abril) y la jornada electoral (26 de abril). El propio secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, en declaración a Radio Guatapurí, reconoció la manipulación de los libros como uno de los puntos más polémicos. Para contrarrestar esto, desde la Gobernación se han instalado puntos de inscripción en tiendas y droguerías, buscando que el acceso sea equitativo y público.
El contexto actual, sin embargo, está marcada por tensiones internas y un entorno de riesgo, identificado por la Fiscalía General de la Nación, que considera a Valledupar y al Cesar como zonas con alta probabilidad de delitos electorales, incluso en los procesos comunales. La creación de canales de denuncia como la línea 122 y campañas institucionales buscan fortalecer la vigilancia ciudadana e involucrar a más actores en la defensa de la transparencia. La pedagogía electoral y la movilización vecinal resultan, por tanto, esenciales para romper la indiferencia y legitimar la toma de decisiones sobre proyectos y recursos que impactan toda la vida barrial.
¿Qué función cumple el Tribunal de Garantías en las elecciones de las JAC?
Un aspecto frecuentemente consultado dentro del proceso electoral de las JAC es el papel del Tribunal de Garantías. Este organismo, según la normativa citada en el artículo, es uno de los primeros pasos obligatorios antes de cada jornada electoral comunal. Su función principal es garantizar la transparencia y legalidad del proceso, vigilando que tanto la afiliación como la votación sean libres, públicas y permitan la competencia en igualdad de condiciones.
La importancia radica en que, si el Tribunal de Garantías no fue conformado de acuerdo con lo previsto o no se respetó su autonomía, existe el riesgo de que toda la elección sea anulada o quede jurídicamente viciada. De allí que las instituciones insistan en su constitución temprana y en el respeto de la Asamblea General de la JAC como máxima autoridad, recordando que la vigilancia y la denuncia ciudadana son la mejor herramienta para asegurar procesos legítimos y representativos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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