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Desde hace varios meses, los empleados de Asmet Salud EPS en Valledupar y diecisiete municipios del departamento del Cesar están enfrentando una dramática situación relacionada con el incumplimiento en la asignación de sus salarios. Según Jorge Mario Rúa Mestre, auditor de calidad de la empresa, el problema se extiende desde octubre de 2025. Explica que en enero solo recibieron la mitad del salario correspondiente, en febrero no hubo un solo pago y, a la fecha del 11 de marzo, no cuentan con ninguna comunicación formal que explique las razones del retraso por parte de la gerencia nacional, la agente interventora ni la Superintendencia Nacional de Salud. La desesperación y la incertidumbre aumentan a medida que pasan los meses y las respuestas oficiales siguen sin llegar.
Ante este panorama, los trabajadores decidieron pasar de las quejas internas a acciones más visibles. El miércoles reciente organizaron una marcha y el cierre temporal de las oficinas en Valledupar y los 17 municipios en los que la EPS tiene presencia, incluyendo aproximadamente a unos 200 trabajadores solo en el Cesar. Esta manifestación pacífica se suma a los plantones nacionales que se vienen realizando desde febrero, impulsados por los sindicatos y el personal administrativo, quienes denuncian la falta de pago y la ausencia de soluciones concretas pese a que la entidad está bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) hasta mayo de 2026.
En el trasfondo de la protesta se encuentran historias personales como la del propio Rúa Mestre, quien se ha visto obligado a pedir prórroga para el pago del arriendo y enfrenta la suspensión de los servicios públicos en su hogar. Comenta que muchos empleados, pese a tener contratos a término indefinido, sienten que su estabilidad laboral está amenazada. El ambiente de incertidumbre es general, ya que la permanencia de sus empleos y el sustento de sus familias dependen de un salario que no llega, mientras la EPS afronta una compleja situación financiera bajo intervención.
Uno de los aspectos que más preocupa a los usuarios es la posible afectación en la atención en salud. Según Rúa Mestre, de momento el servicio a los pacientes se mantiene sin cambios y las oficinas cerradas afectan principalmente áreas administrativas. Sin embargo, la demora en los pagos y la prolongada crisis de la entidad generan riesgos evidentes, sobre todo por la pérdida de más del 50 % de los afiliados a nivel nacional y el retiro de la EPS de departamentos como Caldas, Santander y Norte de Santander.
El impacto de la crisis de Asmet Salud se siente especialmente en casos como el de una usuaria de El Copey, cuyo esposo depende de diálisis. Esta persona relata las dificultades para obtener medicamentos y los viáticos necesarios para el traslado a las citas médicas en Valledupar, costos que está asumiendo de su propio bolsillo ante la negativa de la EPS. Incluso la vía jurídica, como la acción de tutela, solo le garantizó el auxilio para su esposo, pero no para su propio desplazamiento como acompañante, evidenciando la complejidad que enfrentan los usuarios más vulnerables.
La situación actual de Asmet Salud obedece a deficiencias estructurales detectadas desde 2023, que derivaron en la intervención prolongada por parte de la Supersalud. El sindicato Sindisalud ha señalado que los embargos a las cuentas de la EPS y el deterioro económico tienen consecuencias profundas no solo para los trabajadores, sino también para la red de clínicas y hospitales, que se enfrentan a crecientes deudas. Así, el cierre temporal de las oficinas en el Cesar puede ser solo el anticipo de las consecuencias que acarrearía una eventual salida de operación, afectando tanto a trabajadores como a cientos de miles de usuarios que dependen del sistema de salud para sus tratamientos y medicamentos esenciales.
¿Qué significa que una EPS esté intervenida por la Supersalud?
La intervención de una Entidad Promotora de Salud (EPS) por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) es una medida de vigilancia y control adoptada cuando una EPS presenta graves problemas financieros o asistenciales. Durante la intervención, la Supersalud designa un agente interventor que asume la gestión de la entidad con el objetivo de corregir las falencias y garantizar la continuidad del servicio a los afiliados. En el caso de Asmet Salud, esta medida inició en 2023 y ha sido prorrogada hasta 2026 debido a que las dificultades detectadas persisten.
El contexto de la intervención es fundamental para los trabajadores y usuarios, ya que implica cambios administrativos, posibles restricciones en la operación y mayor supervisión. Sin embargo, mientras no se logre una recuperación financiera y el pago oportuno de salarios, la estabilidad del personal y la normalidad en la prestación del servicio siguen en riesgo. ¿Es suficiente la intervención de la Supersalud para garantizar la protección de los derechos de trabajadores y usuarios en una situación de crisis prolongada?
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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