Samuel Moreno tiene su desenlace judicial por uno de los capítulos del carrusel de la contratación. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el exalcalde de Bogotá por el delito de interés indebido en la celebración de contratos y lo sentenció a 11 años de prisión.
Sin embargo, la alta corte lo encontró inocente del delito de peculado por apropiación, como lo había solicitado Moreno en el último recurso que le quedaba para intentar salir libre del escándalo de corrupción relacionado con la malla vial capitalina y la fase III de Transmilenio.
En diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Bogotá falló en segunda instancia en contra de Moreno y lo había sentenciado a 24 años. Según acusó la Fiscalía, entre 2007 y 2011, Moreno lideró una red de corrupción en la capital del país “para cometer delitos contra la administración pública, recordado por el contrato firmado entre el IDU y vías Bogotá SAS, relacionados con la fase III de Transmilenio”.
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Moreno, manipulando la contratación del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), logró a favor de particulares cambiar valores de contratos, aumentar plazos e incluso excluir obras contempladas en los diseños originales.
La hipótesis señala que los primos Miguel, Manuel y Guido Nule falsificaron documentos y pagaron sobornos para ganar contratos de construcción de la tercera fase de TransMilenio y del mantenimiento de la malla vial del sur y el suroriente de Bogotá. Dinero recibido como anticipo, como lo aceptaron, no se usó en la construcción de las obras, sino que fue desviada a empresas de su conglomerado.
En colaboración con la Fiscalía, los Nule señalaron al exalcalde Moreno y a su hermano, el exsenador Iván Moreno, de liderar una red de corrupción en la ciudad que entregaba las licitaciones de obras a cambio de comisiones a contratistas. Entre los participantes estaba Liliana Pardo Gaona, exdirectora del IDU, quien adjudicó los contratos a favor de la cesionaria Vías de Bogotá, que estaba conformada en su mayoría por la empresa Conalvías, de los Nule.
Pardo Gaona, así como Moreno, fue condenada en primera instancia por peculado por apropiación, pues al parecer se quedó de manos cruzadas en procesos de pago de amortizaciones por parte de la cesionaria Vías de Bogotá. Y, por tanto, habría permitido que los empresarios se hubiesen apropiado de dineros públicos.
Sin embargo, ante el Tribunal Superior de Bogotá, Pardo Gaona logró soportar, con base en un tribunal de arbitramento, que dichos dineros sí fueron utilizados por la administración de Bogotá y que anticipos por $28.000 millones fueron asumidos por la aseguradora Segurexpo.
Ese cambio en la hipótesis criminal le permitió a Pardo Gaona, en segunda instancia, resultar absuelta por el delito de peculado por apropiación y, así, reducir su condena de 22 años de prisión, a 19 años tras las rejas.
Con ese antecedente, el exalcalde Samuel Moreno solicitó a la Corte Suprema de Justicia, a través de una demanda de casación, reducir su condena y, en el mejor de los casos, declararlo inocente por todo. Si bien la Corte encontró que no podía condenar a Moreno por la misma hipótesis por la cual fue declarada inocente Pardo Gaona, consideró que todas las artimañas corruptas para favorecer a los contratistas sí se configuraron.
De hecho, tal fue la corrupción contra Bogotá que la Corte Suprema de Justicia no tuvo de otra que aumentar en 30 meses la condena de Moreno por tres delitos de interés indebido de celebración de contratos.
Además, pagará una multa de 108 salarios mínimos para el año 2008, 274 salarios mínimos para el año 2009 y 137 salarios mínimos para el año 2010. No obstante, como quedó absuelto por interés indebido, su condena pasó de 24 años a 11 años y diez meses de prisión.
La otra condena
La primera condena contra Moreno llegó en marzo de 2016, cuando un juzgado penal de la capital lo encontró responsable por la apropiación de recursos públicos por parte de funcionarios, exconcejales y contratistas de Bogotá. En 2009, se quedaron con el 9% de un total de $67.000 millones correspondientes a un acuerdo público de servicio de ambulancias para Bogotá. Moreno recibió alrededor de $2.790 millones.
La tesis de la Fiscalía se basó en que el entonces secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, direccionó, por petición de los hermanos Moreno, la contratación del servicio de ambulancias a favor de la Unión Temporal (UT) Transporte Ambulatorio.
La UT estaba representada por Federico Gaviria –condenado a dos años por estos hechos– y era controlada por los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia. Este último fue condenado también y es investigado por el reciente escándalo de MinTIC, que privó a miles de niños de toda Colombia de obtener internet en zonas rurales.
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