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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió la posibilidad de conceder beneficios a personas no aforadas, es decir, a funcionarios y particulares que proporcionen información relevante sobre los hechos de corrupción investigados por la Fiscalía en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El objetivo del alto tribunal es recabar elementos que permitan judicializar a los aforados, en este caso, los congresistas que pudieran haber estado involucrados en irregularidades relacionadas con la contratación en esa entidad. Según información conocida por Blu Radio, un documento indica que la sala podría, dependiendo de la calidad de la información, documentos y otros elementos de prueba aportados, recurrir a herramientas legales para otorgar beneficios. Esto sería posible únicamente si la información suministrada es efectiva y está debidamente respaldada.
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Esta medida podría incentivar a testigos que actualmente estén interesados en colaborar, pero que, al encontrarse en procesos en la Fiscalía, aspiren a beneficios relacionados con información sobre personas y congresistas implicados.
El caso se centra específicamente en el proceso que se adelanta contra seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, quienes supuestamente se habrían beneficiado de contratos derivados de la UNGRD a partir del aval de conceptos requeridos para la aprobación de ciertos créditos solicitados por el Gobierno nacional.
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Asimismo, se conoció que la Corte Suprema de Justicia habría solicitado información extensa a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, hasta el momento, solo habría recibido información relacionada con el testimonio de una asesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien ya no ocupa ese cargo.
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