El documento, que llevaba cuatro meses sin ver la luz por la magnitud de los hallazgos, generó incomodidad y repudio luego de que se conociera que varios funcionarios fueron víctimas de acoso laboral y sexual dentro de la corporación; sin embargo, lo más grave del asunto es que estas personas, en su mayoría, no llegaron a denunciar lo sucedido por la falta de conductos para hacerlo.
Luego de que se conocieran las graves denuncias del informe, la Corte Constitucional emitió un comunicado en el que rechazó enfáticamente todo este tipo de conductas, y aclaró que no recibió ninguna denuncia sobre estos casos.
Sobre la falta de canales para hacer las respectivas acusaciones, el alto tribunal indicó que es consciente de que se deben fortalecer los mecanismos que permitan hacerlas, garantizándoles la protección a los denunciantes y el debido proceso de investigación.
El documento, que se elaboró a partir de encuestas a 260 funcionarios, recogió denuncias que van desde casos de discriminación de género y sexismo casi sistemáticos, hasta un posible intento de violación en los pasillos del alto tribunal, principalmente en contra de judicantes o practicantes de derecho.
Sobre esto, la Corte Constitucional señaló que una vez recibió el informe en mayo, acogió las recomendaciones de la consultoría y mantuvo el apoyo de USAID para la construcción de una política de género que contemple mecanismos de prevención y sanción del acoso, así como de otras formas de violencia de género
“La Corte Constitucional es consciente de la importancia de redoblar esfuerzos en resolver problemas estructurales de profundo arraigo en nuestro país, como lo son las violencias de género”, indicó el alto tribunal en el comunicado.
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