La Corte Constitucional le hizo un llamado al gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro y la nueva ministra de Educación, Aurora Vergara, para que cumpla con las órdenes impartidas en una sentencia de tutela del año pasado: realizar una evaluación a nivel nacional y territorial sobre el impacto de la pandemia por Covid-19 en el servicio de educación, tanto en los profesores como en los estudiantes.

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El llamado al Gobierno tiene su origen en un fallo de tutela que analizó la situación de cinco niños y niñas que enfrentaron barreras para acceder a la educación escolar durante la pandemia, por la ausencia de herramientas e infraestructura tecnológica para asistir a sus respectivas clases virtuales. En su momento, las entidades involucradas fueron el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación de Bogotá.

En las tutelas, los representantes de los niños y niñas señalaron que las autoridades de educación no tomaron acciones para garantizar su acceso a la academia. Los menores de edad se quedaron, prácticamente, sin estudio, pues no tenían equipos de cómputo, ni acceso a internet. Y aunque se trató de que cumplieran con guías físicas, nunca tuvieron retroalimentación de los profesores.

“La acción del Estado solo se limitó a tomar medidas paliativas con pocos efectos, como por ejemplo la distribución de sim cards a los estudiantes afectados, sin considerar que ellos viven en zonas donde la señal es precaria y en momentos donde la movilidad estaba severamente restringida por las cuarentenas impuestas con el fin de contener la transmisión del virus del Covid 19″, indicó la sentencia.

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Asimismo, el Gobierno y el ministerio de Educación tendrá la responsabilidad de confirmar una comisión de expertos que presente recomendaciones sobre cómo reducir la brecha educativa profundizada por la emergencia. El grupo tendrá que formular una política pública de prevención que permita reducir el impacto en situaciones que alteren el funcionamiento normal del sistema educativo.

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