La reformatón del presidente Gustavo Petro no tiene una sino varias piedras en el zapato. Ha sido tan polémico el trámite de algunas de sus iniciativas en el Congreso que, pese a que algunas ya son leyes de la República, a los tribunales llegaron decenas de demandas buscando echarlas abajo, lo que pondría en jaque a su gobierno.

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La última palabra ahora recae en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional, que son las instancias a las que han llegado las querellas de los congresistas de la oposición para intentar tumbar los ánimos reformistas del Ejecutivo.

Solo contra la Ley 2272 de 2022, la de orden público que cimentó las bases para la paz total, están en estudio siete demandas en la Corte Constitucional. Los reparos van desde la demanda de algunos de sus artículos, hasta otras más osadas como la presentada por el senador Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático) quien demandó la totalidad de la ley.

En la bancada uribista los congresistas José Jaime Uscátegui y Paloma Valencia también hicieron lo propio contra esa normativa y desde Cambio Radical el senador Carlos Fernando Motoa presentó una acción judicial más que ahora analizan los magistrados.

Esa ley no tiene en cuenta principios constitucionales y desconoce el Acuerdo de Paz de La Habana (Cuba) que tiene rango constitucional. También la demandé por vicios de procedimiento porque no se dieron las garantías ni los debates necesarios”, apuntó Motoa.

Esa presunta “falta de garantías” tiene como origen la sesión legislativa de la media noche del 2 de noviembre del año anterior en el Senado, cuando el presidente de esa plenaria, Roy Barreras, incluyó el tema en la agenda de forma intempestiva y la aplastante mayoría del Pacto Histórico logró aprobarla mientras Colombia dormía.

Otra que no ha calado es la Ley 2281 de 2023 que creó el Ministerio de la Igualdad y que administrará la vicepresidenta, Francia Márquez. Los congresistas del Centro Democrático Andrés Guerra, Juan Espinal, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín presentaron una demanda alegando que el proyecto tendría vicios de trámite y que durante su gestión no se habrían considerado los costos que tendrá la operación de esa cartera, la cual –reclaman– terminará creando más burocracia en el Estado, pese a que el Ejecutivo había prometido reducirla.

Espinal y Holguín, “Los Paolos”, son los mismos que presentaron una demanda contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por pánico económico y falsedad en documento público por las declaraciones que hizo en una entrevista de 2022 en la que aseguró que Colombia cerró la llave de la extracción de petróleo y gas. Eso, sin embargo, le compete a la justicia penal y no a las altas cortes.

En medio de toda esta ‘demandatón’ el pasado jueves 16 de marzo la Corte Constitucional admitió la demanda de Uribe Turbay contra la reforma tributaria. Se alega que el debate no contó con garantías, que el trámite no habría permitido la discusión a profundidad de las ponencias y que no se le dio un asiento a la oposición en la comisión de conciliación que acordó el texto final del articulado. Palabras más palabras menos: no hubo voces opositoras presentes en la conformación del texto final que le subió la carga de impuestos a los colombianos.

Tal ha sido el debate despertado por ese trámite que, cuatro meses después de la sanción de la ley hecha por Petro, contra ese articulado hay 13 procesos en estudio en el alto tribunal.

Eso sí: que la Corte admita una demanda para estudio es apenas el inicio de un proceso jurídico que toma meses y en el que, así como pueden caerse total o parcialmente las normativas del “Gobierno del cambio”, también pueden terminar siendo ratificadas por los magistrados. Todo dependerá del análisis jurídico.

Es más, la reforma a la salud apenas está en discusión en el Congreso y desde ya la oposición ha alertado sobre los vicios en el trámite del proyecto de ley presentado por la ministra de Salud, Carolina Corcho, por lo que no se descarta que una vez el Congreso le dé el pupitrazo al proyecto lleguen procesos en la justicia contra ese texto (ver Para saber más).

“Lejos de opinión política, a todas luces la reforma a la salud tiene todos los vicios de procedimiento porque no han hecho una separación de cuáles artículos tendrían que ir a la Comisión Primera para ser estudiados”, alega el representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid.

Al congresista antioqueño el Consejo de Estado le aceptó una demanda de nulidad contra el decreto que ha dejado en libertad a integrantes de la “primera línea”, pese a que no ha podido hacerse efectiva porque la mayoría de jueces alega que no puede sacar de las cárceles a todos los señalados por presuntos delitos que habrían ocurrido en el marco del Paro Nacional.

Y hay otro palo en la rueda para las reformas: ya la Corte Constitucional declaró que podrá suspender leyes, una decisión que deja la reformatón del Gobierno en manos de los guardianes de la Constitución.

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El debate por la reforma a la salud

Un sector del Congreso alega que la reforma a la salud presentada por Corcho debe estudiarse en la Comisión Primera del Congreso, pues el articulado hace referencia a un derecho fundamental a la salud y tiene artículos que pueden tocar las bases de la Constitución. Esa parte del Legislativo va más allá de los partidos de oposición (Cambio Radical y Centro Democrático) pues el mismo presidente del Senado, Roy Barreras, había llamado la atención sobre ese punto. Ese debate no se ha resuelto y podría dar argumentos a posibles demandas contra la aprobación del texto.