Se trata de una denuncia que la empresa interpuso en octubre de 2011 contra Nilson Lamuel Gómez, que se desempeñó como su auxiliar contable desde el año 2006 y fue acusado de hurto agravado por confianza.
El trabajador “se habría aprovechado de su cargo para crear pagos inexistentes a proveedores” con su cédula y cuentas bancarias personales. Con esa modalidad de estafa alcanzó a robar 359 millones de pesos, reseñó El Espectador.
En ese lapso, desde 2011, son 6 los fiscales que han estado frente al proceso, pero poco y nada ha pasado. Por eso, Bodytech interpuso una tutela contra la Fiscalía 8 Especializada de Bogotá, que finalmente llegó a la Corte Constitucional, explicó el diario.
El tiempo corría en contra de la empresa y a favor de Gómez, y por eso la empresa de gimnasios recurrió a la tutela pidiendo celeridad en el proceso. Lo primero que logró fue que le Tribunal Superior de Bogotá le pidiera a la Fiscalía que acelerara el proceso.
Lo siguiente que pasó, relata el diario, es que la Corte Suprema de Justicia defendió al ente investigador porque consideró que no estaba siendo negligente y argumentó la congestión del sistema judicial, sumado a la escasez de personal de la Fiscalía.
El caso avanzó y finalmente, en febrero de 2021, la Fiscalía informó al extrabajador del proceso, aunque ahora se espera la audiencia de aceptación de cargos, que se declarará culpable, según ese medio.
Sin embargo, la Corte Constitucional tuvo tiempo de revisar todo el expediente del caso y llamó la atención por la lentitud del proceso, y aunque estuvo de acuerdo en que no hubo negligencia, sí regañó a la Fiscalía por el desorden interno:
“La Sala (Octava de Revisión de Tutelas) encuentra que existen razones que le impidieron a la Fiscalía accionada obrar con celeridad. Dicha mora no se deriva de una conducta negligente o desinteresada. Por el contrario, surge de la carencia de una estructura interna en el despacho, ante la imposibilidad humana, física y material en la que está el ente accionado“.
Por último, en otro fragmento del texto citado por el rotativo, los magistrados insisten en el riesgo que representa para la ciudadanía que una entidad como esta tenga fallas de funcionamiento:
“Se advierte que la congestión judicial que enfrenta la Fiscalía se traduce en una dificultad estructural. Esta puede afectar el eficaz funcionamiento del aparato jurisdiccional y causar una posible afectación a las garantías de los usuarios del sistema judicial. Por lo tanto, la Sala instará al fiscal general de la Nación y al director seccional de Fiscalías de Bogotá a que adopten las medidas que consideren necesarias para superar la congestión que presentan las Fiscalías especializadas de Bogotá”.
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