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La llegada de al menos cien personas de la comunidad indígena embera katío al predio La Graciela, en el sector de Varsovia en Santa Rosa de Cabal durante 2025, volvió a colocar el debate sobre la presencia indígena en el centro de la conversación pública y política en la región. Este caso no solo generó reacciones por la condición de adultos y menores que habitan el predio, sino que recientemente tomó un giro inesperado debido a las declaraciones hechas en una sesión del Concejo Municipal, según información de El Diario del Otún.
El concejal Steven García, representante del Partido de la U, fue el protagonista de la controversia al manifestar su preocupación ante la presencia y eventual reconocimiento de comunidades indígenas en la cabecera municipal. Durante su intervención, García expresó textualmente su temor por “los autorreconocimientos de comunidades indígenas en Santa Rosa de Cabal”, insinuando que el arribo de los embera katío podría abrir la puerta a conflictos y a la llegada de más integrantes de pueblos originarios. En sus declaraciones, el concejal también subrayó su responsabilidad por las familias santarrosanas y planteó dudas sobre las intenciones de los miembros de la comunidad.
Estas declaraciones, que algunos consideraron estigmatizantes, provocaron respuestas tanto dentro del Concejo como en la propia comunidad indígena. Carlos Alberto Piñeros, presidente del Concejo de Santa Rosa de Cabal, matizó la situación e indicó que el comentario fue a título personal, sugiriendo que hubo cierta ligereza en sus palabras y que se podrían haber malinterpretado sus intenciones. Piñeros enfatizó que, aunque los indígenas han solicitado reconocimiento como cabildo o resguardo en dos ocasiones ante el Ministerio, hasta ahora no han recibido respuesta favorable y que jurídicamente el terreno es un predio privado que fue administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Ante la controversia, Fixonder Huipa Nacavera, líder indígena embera katío, respondió defendiendo a su comunidad y situando el proceso como parte de la constitución de un territorio o resguardo indígena, trámite que se adelanta ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con conocimiento de la administración municipal. Huipa Nacavera exigió respeto, disculpas públicas por parte del concejal y solicitó que tanto las autoridades competentes como el partido político consideren un pronunciamiento disciplinario. Además, recordó que la presencia de los embera katío en el municipio no es reciente, sino que se extiende por más de veinte años.
El episodio trae a la memoria otros incidentes recientes del ámbito político nacional donde el lenguaje de los funcionarios públicos hacia poblaciones históricamente vulnerables desata controversias sobre discriminación y derechos. El caso del diputado de Antioquia, Rodrigo Mesa, en 2012, es un ejemplo citado por El Diario, cuando sus comentarios sobre el Chocó llevaron a sanciones de la Procuraduría General de la Nación.
Esta situación pone en relieve tensiones entre la población local y las comunidades indígenas, así como el papel que juegan los representantes públicos en la protección y el respeto de los derechos colectivos reconocidos en la legislación colombiana. Ante este contexto, surge una interrogante fundamental: ¿cuál debe ser la posición ética y política de los funcionarios públicos frente a la diversidad cultural y los procesos de reconocimiento de comunidades indígenas en sus territorios?
¿En qué consiste el proceso de reconocimiento como resguardo indígena?
El procedimiento de reconocimiento como resguardo indígena, solicitado por comunidades como los embera katío en Santa Rosa de Cabal, representa un trámite que debe llevarse a cabo ante entidades estatales. De acuerdo con datos aportados por El Diario del Otún, en este caso particular las gestiones se están adelantando ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Este reconocimiento es relevante porque define el acceso a derechos colectivos, protección cultural, y el marco de relación con la administración municipal.
El hecho de que la comunidad embera katío haya solicitado en dos oportunidades este estatus y no haya recibido aún una respuesta favorable evidencia tanto la complejidad como la carga institucional que conlleva este tipo de procesos. La falta de reconocimiento formal limita la obtención de beneficios y garantías para la comunidad y representa un punto crítico en el debate sobre su permanencia y relación con el territorio local.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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