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La Defensoría del Pueblo de Colombia presentó recientemente un balance tras la Alerta Temprana emitida en octubre pasado, dirigida a evaluar las acciones estatales implementadas para reducir los riesgos relacionados con las elecciones y garantizar la tranquilidad de este proceso democrático. Sin embargo, el informe es contundente al advertir que la respuesta institucional persiste como insuficiente, con un cumplimiento parcial frente a las recomendaciones emitidas. Según la Defensoría, el entorno de riesgo se mantiene debido a la consolidación de gobernanzas armadas ilegales en distintas regiones del país, donde los grupos criminales no solo suplantan funciones del Estado, sino que también ejercen control sobre el desarrollo de campañas políticas e imponen vetos a ciertas candidaturas.
Entre los grupos responsables de estas amenazas se cuentan actores como el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y varias facciones disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), incluyendo Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC) y Segunda Marquetalia. Además, participan organizaciones como Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Frente 57, entre otros grupos de crimen organizado.
La Defensoría había emitido 11 recomendaciones en octubre, pero el nivel de respuesta del Estado fue calificado como bajo. El cumplimiento global llegó tan solo al 42 %, mientras que el 58 % de las sugerencias permanece desatendido. Por áreas, la prevención y protección registra un 52 % de cumplimiento, investigación y acceso a la justicia un 55 %, la acción de la fuerza pública un 65 %, articulación interinstitucional un preocupante 29 %, y las gestiones preventivas del Ministerio Público otro 65 %. La recomendación de fortalecer a las organizaciones políticas es la más atrasada, sin avances a la fecha.
Iris Marín, defensora del Pueblo, subrayó que el mayor desafío radica en la libertad con la que se llevarán a cabo las elecciones, advirtiendo el riesgo de una democracia meramente formal en varias zonas, donde el poder armado impone el silencio a las comunidades. Las alertas más severas recaen sobre macrorregiones como Caribe, Noroccidente y Suroccidente, donde los grupos armados restringen la movilidad e imponen normas que trastocan la autonomía del voto. Ejemplo de ello es el dominio del Clan del Golfo en Antioquia y Córdoba, que regula de manera sutil pero eficaz los comportamientos electorales.
El panorama es aún más alarmante al considerar que el número de municipios en riesgo se incrementó: de los 62 originalmente identificados, la cifra subió a 69; los municipios con acción urgente pasaron de 162 a 168 y aquellos que requieren atención prioritaria aumentaron de 425 a 433. Existen en total 457 denuncias de amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos, afectando gravemente departamentos como Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.
Adicionalmente, las amenazas a los candidatos incluyen homicidios, estigmatización y limitaciones a la campaña electoral, especialmente en territorios de dominio criminal. Quienes buscan las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) afrontan “permisos” y regulaciones arbitrarias, mientras la falta de anticipos financieros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la violencia de género limitan aún más su representación y autonomía, afectando de manera especial a las mujeres.
La situación afecta también a firmantes de paz, periodistas y funcionarios públicos. Frente a este contexto crítico, la Defensoría formuló nueve recomendaciones adicionales y exigió al Ministerio del Interior un liderazgo más efectivo en las comisiones encargadas de responder a las alertas, al tiempo que pidió al Ministerio de Defensa diseñar estrategias integrales de seguridad para facilitar el proceso electoral en zonas rurales. Finalmente, instó a la Fiscalía y Procuraduría a fortalecer la acción judicial y disciplinaria ante el constreñimiento electoral y la omisión de deberes de prevención y protección.
¿Qué consecuencias puede tener el control de los grupos armados sobre la participación política en Colombia?
El control territorial y social ejercido por grupos armados sobre diversos municipios en Colombia condiciona directamente la democracia y la representación política real. La intervención armada, reflejada en amenazas, restricciones a la movilidad y violencia directa, no solo limita la libre participación de los candidatos y votantes, sino que también crea un clima de temor que distorsiona los resultados electorales. La imposición de vetos y “reglas” arbitrarias, sumada a la estigmatización de ciertos liderazgos, puede contribuir a una democracia formal en la que las voces de la ciudadanía quedan sometidas a silencios forzados.
En este contexto, resulta fundamental robustecer el accionar estatal y las medidas de protección, prevención y acompañamiento a los actores políticos y sociales. El impacto sobre el ejercicio democrático en las zonas afectadas pone en cuestión la legitimidad del proceso y vulnera derechos fundamentales de comunidades enteras, así como el acceso a espacios de representación política para líderes sociales, mujeres, víctimas y firmantes de paz.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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