Entre esas presuntas inconsistencias están “la sobrefacturación de medicamentos de alto costo, inversiones en infraestructura inconclusa y hasta el uso atípico de medicamentos”, informó El Tiempo.

Ese diario precisa, basado en un informe del ente de control, que más de dos millones de usuarios habrían resultado afectados el año pasado y que las irregularidades no solo ocurrieron en el nivel central, es decir en Bogotá, sino también en las gerencias de Bolívar, Atlántico, Boyacá, Nariño, Norte de Santander, San Andrés y Valle.

De hecho, los investigadores buscan establecer la existencia de un supuesto detrimento patrimonial que superaría los 8.100 millones de pesos y que comprometería directamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en particular en lo que tiene que ver con un posible desfinanciamiento de un centro de rehabilitación en Bogotá y la falta de equipamiento del Hospital Militar de Tolemaida, en Tolima, agregó ese medio.

Además, el periódico señaló que los investigadores de la Contraloría hallaron otras posibles inconsistencias, pero esta vez en el sistema de afiliaciones en donde se habrían detectado que varios usuarios aparecen reclamando, al mismo tiempo, servicios selectivos de EPS.

Ese fenómeno, según El Tiempo, se presentó por igual en centros hospitalarios de Cartagena, Buenaventura, Bahía Málaga y Norte de Santander, en donde se han visto perjudicados otros pacientes que requieren de atención médica, pero que por culpa de las llamadas “multiafiliaciones” no han podido hacerlo.

Por último, pero no menos importante, es que la Contraloría detectó que algunos servicios médicos habrían recetado bótox a pacientes con migraña crónica, pese a que esta toxina no está autorizada por el sistema de salud del país, indicó El Tiempo. Incluso, ese medio aseguró que en 2018 se registraron 1.119 entregas de este medicamento sin autorización.