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Luego de hacerle auditoria a toda la empresa encontraron que de los 33 hallazgos, 28 tendrían incidencia disciplinaria, 6 fueron presentados con una presunta incidencia fiscal y uno de ellos con presunta incidencia penal, asociado a la gerencia general anterior, lo que se traduce en un detrimento patrimonial por más de 11.000 millones de pesos,
Así lo explicó Pedro Antonio Ordóñez, contralor generar de Cali:
“Ello corresponde a un programa tablero empresarial que compró en Emcali. El equipo auditor cuando fue a verificar el funcionamiento de ese programa encuentra que ello no funciona, pero no contentos con ello se hizo una adición a recursos a ese contrato totalmente diferente al contrato inicial”.
Asimismo, se identificó una grave situación en el componente de telecomunicaciones que pondría en riesgo general a Emcali con un margen operacional para 2023 del -303%.
“Arrojó una pérdida operacional de más de 301.000 millones de pesos. Esto es la parte más riesgosa porque no solamente se presentó esta pérdida de recursos en el año 2023, sino que en el año 2022 se alertó sobre lo mismo, 2021 se presenta la misma situación”, añadió Ordóñez.
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Otro de los hallazgos del ente de control, que explicó el contralor regional, es la imposibilidad de verificar activos y estados financieros sin aprobación de la junta directiva:
“La información que nos entregó Emcali en el ejercicio auditor generó una absoluta incertidumbre en nuestro equipo de aquí que por eso no se le haya fenecido la cuenta y hayamos dado una opinión financiera negativa”.
Estas irregularidades ya derivaron en dos procesos administrativos sancionatorios fiscales contra los directivos de Emcali.
La Contraloría también reveló que 42 bienes inmuebles no están debidamente identificados, algunos con valores hasta de un peso; lo que se traduciría en una pérdida patrimonial cercana a los 5.350 millones de pesos por el detrimento en Emcali.
Adicionalmente, Semana indicó que también hay indagaciones por “posibles irregularidades relacionadas con la venta de energía a precios muy por debajo del valor de mercado, presuntamente, para beneficiar al comercializador Depi Energy S.A.S.”. Esta situación habría derivado en que los usuarios pagaran el servicio de energía más caro.
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Tanto la Contraloría como la Procuraduría activó estos procesos por alertas que enviaron funcionarios de Emcali sobre una “supuesta falta de competitividad de la oferta de Depi”; situaciones que habrían ocurrido durante la administración del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.
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