Estas circunscripciones especiales consistían en que zonas afectadas por el conflicto tuvieran 16 puestos como representantes a la Cámara, durante 8 años (2018-2026). Para crearlas se necesita una reforma a la Constitución.

Dicha reforma se cayó el 30 de noviembre en el Senado, con 50 votos a favor y 7 en contra, pues para aprobar un acto legislativo como ese se necesita la mitad más uno de los votos, y el Senado tiene 102 miembros.

Sin embargo, el pasado 18 de diciembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le advirtió a Efraín Cepeda, presidente del Senado,  que si no enviaba la reforma para su promulgación, podría tener en su contra un incidente de desacato.

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El Tribunal se pronunció de esa forma en respuesta a una solicitud del Gobierno, que pidió una acción de cumplimiento al considerar que las curules sí habían sido aprobadas, pues para el Ejecutivo, a la hora de votar, se deben contar a los senadores activos, y como hay tres en prisión, serían 99 y no 102.

Cepeda ha rechazado esa exigencia con varios argumentos: que el acto legislativo no existe porque no fue aprobado, y que los jueces no tienen competencia para hacer ese tipo de órdenes.

Ahora el Consejo de Estado le está diciendo al Gobierno que su petición por una acción de cumplimiento no puede ser aprobada.