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El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto mediante el cual el Gobierno pretendía implementar un nuevo modelo de salud en Colombia. La medida judicial pone en pausa la ambiciosa reforma administrativa del sector, que buscaba una transición hacia un sistema mixto de gestión.
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El representante a la cámara Andrés Forero, quien demandó la iniciativa, afirmó que esta se produce como respuesta a su interpelación en nombre de asociaciones médicas y defensores de la salud pública, quienes argumentaron que el Ejecutivo habría excedido sus facultades al intentar modificar la estructura del sistema sin una ley previa del Congreso de la República.
A su vez, los demandantes sostienen que cambios de tal envergadura, que afectan un derecho fundamental, deben ser discutidos y aprobados en el legislativo, no a través de un decreto.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al analizar los argumentos, consideró que existía un riesgo inminente de que la aplicación del decreto pudiera causar un “perjuicio irremediable” a la prestación del servicio de salud y a la estructura actual del sistema. Por esta razón, decretó la medida cautelar, congelando los efectos del decreto hasta que se resuelva de fondo la demanda.
Esta decisión representa un contundente revés para el Gobierno, que defendía el decreto como una herramienta necesaria y urgente para agilizar y mejorar la eficiencia del sistema de salud, argumentando que actuaba dentro de sus atribuciones para reordenar la administración estatal.
Mientras se profiera un fallo definitivo sobre la legalidad del decreto, el modelo de salud actual, basado en EPS e IPS se mantendrá vigente. La suspensión deja en incertidumbre el futuro inmediato de la propuesta reforma y obliga al Gobierno a replantear su estrategia, probablemente dirigiéndose a buscar un consenso en el Capitolio Nacional si desea reactivarla.
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