De acuerdo con la información que entregó el Concejo de Bogotá, a través de un comunicado, las dudas de los concejales que votaron en contra del proyecto radican en que el Distrito al parecer no fue claro a la hora de establecer un mecanismo de recaudo para el cobro adicional.
#AestaHora con 22 votos a favor y 18 en contra se aprueba Ponencia Negativa del concejal @CONCEJALCELIO al Proyecto de Acuerdo 664 de 2017 que establecía cobro de contribución por servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público. Se archiva este Proyecto de Acuerdo pic.twitter.com/yseljoyvW4
— Concejo de Bogotá (@ConcejoDeBogota) 24 de julio de 2018
“[…] señalaron que existen dudas razonables desde el punto de vista legal, ya que la iniciativa se basa en la ley 1753 de 2015, la cual avala el cobro de una contribución por parqueo en vía, siempre y cuando sea para estimular el uso del transporte público, no obstante la destinación de esta contribución, tal y como se plantea en el Proyecto, sería para cubrir el déficit que presenta el SITP”, dice el Concejo, que cita argumentos de los concejales Roger Carrillo, Juan Carlos Flórez, José David Castellanos, María Fernanda Rojas, Rolando González, Jorge Durán Silva, Hollman Morris y Nelson Cubides.
Otros concejales que se opusieron a darle cupo a este proyecto consideran que “el problema económico del SITP radica en la mala estructuración del Sistema y en la falta de solución al tema de los colados, que deja al año un déficit de 32.000 millones de pesos”, y que de aprobar la propuesta se podría “estimular el parqueo en zonas ilegales”.
“Incrementar el valor de los parqueaderos no brinda ningún beneficio para la movilidad en la ciudad y afecta el bolsillo de los bogotanos”, fue la postura unánime de los concejales Ángela Garzón, Daniel Palacios, Javier Santiesteban y Diego Molano, del Partido Centro Democrático.
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Pero quienes defendían la propuesta, como los cabildantes Lucía Bastidas Álvaro Acevedo Leguizamón, Armando Gutiérrez, Luz Marina Gordillo, Jorge Lozada y Yefer Vega, argumentaron que el proyecto estaba sustentado “con estudios de viabilidad económica y jurídica”.
Así las cosas, el Concejo dice que la propuesta fue considerada “inviable” y por eso se hundió.
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