Sin embargo, Akerman es solo una de las voces que se pronuncian con reiteración desde la orilla opuesta a los intereses del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Otras, como la del exministro del interior Juan Fernando Cristo, conceden este domingo la posibilidad de que a Arias se le otorgue la segunda instancia.
En su exposición, lo primero que hace Akerman en su columna de El Espectador es desvirtuar lo que califica de “hipótesis absurda” del expresidente Álvaro Uribe, según la cual Arias es un perseguido político. Para eso, según este columnista, el exmandatario expone como “prueba reina” que Arias no robó un solo peso.
Akerman dice que la idea de que Arias es un perseguido político se cae por sí sola si se considera que por los mismos hechos no solo la Corte falló en contra de él, sino también la Procuraduría de Alejandro Ordóñez (hoy embajador del Gobierno de Duque, aliado de Arias), lo mismo que la Contraloría, y hasta lo acusó la Fiscalía cuando estuvo a cargo de Viviane Morales (nombrada por Duque embajadora de Colombia en Francia).
Así, el primer hecho concreto que extrae Akerman es que “si existió persecución política fue perpetrada por personas que hoy son miembros del mismo Gobierno que protege al exministro Arias. Lo cual demuestra que no existió”.
El exsenador Juan Fernando Cristo agrega a este respecto en su columna de El Tiempo que “no deja de resultar irónico que esta oportunidad que se abre hoy a Arias [la de que su tutela para tener una segunda instancia sea estudiada por la Corte Constitucional] haya sido posible precisamente gracias a una iniciativa impulsada en la recta final del gobierno anterior [el de Juan Manuel Santos], que supuestamente los perseguía ferozmente”.
Para Cristo, también es irónico que “sea la misma Corte que los uribistas calificaron irresponsablemente de ‘bolsillo de Santos’ la que eventualmente reconozca ese derecho” de la segunda instancia para Arias.
Frente a la hipótesis de Uribe de que Arias no robó plata, Akerman recuerda que el Código Penal contempla otros delitos que dan prisión fuera de ese, como celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, “cometidos por Arias”.
También trae a colación la investigación de la revista Cambio, que halló que 26.000 millones de pesos del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), por el cual fue condenado Arias a 17 años de prisión, terminaron “en manos de unas pocas familias de la Costa, el Valle y Norte de Santander”, y se demostró que “los miembros de esas familias eran […] cercanos a […] Uribe, donantes de sus gobiernos o de la campaña presidencial de Arias que empezaba a gestarse”.
“Lo más irregular de AIS fueron los subsidios que Arias le concedió a la finca del propio expresidente Uribe”, escribe Akerman. “El Decreto 732 de 2008, firmado por el entonces presidente Uribe y el ministro Arias, le concedió $3.297 millones a la Agropecuaria El Ubérrimo SAS para construir los sistemas de riego de la finca del hoy senador”.
Hay otro hecho que Akerman considera que debe ser tenido en cuenta en el caso de Arias, y es el de que en 2014 se fue con su familia para Estados Unidos “cometiendo lo que se puede tipificar como fraude a resolución judicial, lo cual podría tener una pena adicional por otros cuatro años”.
Sin embargo, Cristo, que aclara que él fue uno de los promotores en el Senado del debate político contra Arias, y afirma que sigue “convencido de que [el exministro de Uribe] actuó mal, cometió serias irregularidades y nunca debió evadir la justicia colombiana”, también asegura que la posibilidad de concederle la tutela “tiene sustento [y] no es descabellada”.
Aclara que la decisión que tome la Corte Constitucional, en el evento de que sea favorable a Arias, “en ningún caso significará cambiar el sentido del fallo inicial” contra Arias por parte de la Corte Suprema de Justicia, ni “ordenar su libertad”, ni “descalificar por arbitrario el fallo de la Suprema o señalar que Arias es un perseguido político. Simplemente, de ser favorable, se concedería la posibilidad de impugnar su fallo condenatorio”.
Y se anticipa, sea cual sea el sentido de la decisión de la Corte Constitucional, para hacer un llamado de atención a los acérrimos partidarios y contradictores del exministro Arias: “Difícil decisión, que tendría repercusiones no solo jurídicas, sino políticas […]. Es cierto que si la Corte Constitucional concede ese derecho a Arias, vendrá un alud de tutelas de más de 200 aforados condenados bajo idénticas reglas. […] El fallo de los próximos días abrirá o cerrará puertas de manera definitiva, y todos deberíamos comprometernos a respetarlo”.
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