Columna de opinión por: Luis Gonzalo Morales, exsecretario de Salud de Bogotá.

La desnutrición es una enfermedad social que ninguna sociedad debería tolerar. Resolverla exige el compromiso y la colaboración de todos y no solo de las autoridades.

Luego de cuatro años continuos sin que se registraran casos de niños muertos por desnutrición en Bogotá, en 2021 se reportó un caso y en lo corrido de 2022 hasta el mes de julio, según el INS, cuatro más preliminarmente que deberán ser revisados y confirmados.

La muerte de un niño por desnutrición es un evento evitable y, por tanto, debe ser considerada como un hecho intolerable para cualquier sociedad. Estos casos reflejan el fracaso de la institucionalidad pública, privada y de las mismas comunidades, y no solamente del sector salud, en evitar algo que no debería estar sucediendo.

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Es muy grave que un niño literalmente muera de hambre, pero lo es igualmente que padezca de desnutrición. Sus efectos sobre el desarrollo cerebral pueden llegar a producir daños futuros, muchas veces irrecuperables en la capacidad cognitiva de quien la padece que afectarían su desempeño social.

Esta situación exige darle toda la importancia del caso, comenzando con un riguroso examen crítico para poder identificar las causas de por qué algo que se había superado reaparece de nuevo. Esto podría ser el reflejo de varios factores, quizás asociados a la pandemia por covid, pero también al debilitamiento del monitoreo y la búsqueda exhaustiva de casos en riesgo, hasta del accionar coordinado de entidades distritales y nacionales junto con el de las comunidades.

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La desnutrición infantil por lo general es el reflejo de la mayor vulnerabilidad de ciertos grupos de población y de la incapacidad de la sociedad para brindarles medidas efectivas de protección. Es mucho más común en madres adolescentes, solteras, desempleadas, con bajo nivel educativo, desplazadas de zonas rurales, residentes en viviendas de mala calidad, sin servicios públicos y que no tienen donde dejar sus hijos mientras trabajan.

Es una trampa de pobreza, la mezcla perfecta para que le vaya mal a la mamá y a sus hijos. No aparece de un día para otro, por lo que todos en el barrio saben quiénes son, dónde están y en qué condiciones viven con sus hijos. Por lo tanto, la sociedad y sus instituciones deberían movilizarse en su protección sin esperar a que ellas lo hagan cuando por lo general ya es muy tarde.

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Por ello debe existir una coordinación muy estrecha entre instituciones y comunidades para identificar tempranamente estos casos. Desde la misma Policía y el ICBF, hasta los sectores educativos y de protección a la niñez. No hay que esperar sentado a que una madre o alguien más lleve al niño desnutrido a las urgencias de un hospital, cuando por lo general ya es poco o nada lo que se puede hacer para evitar el nefasto desenlace.

La desnutrición en los niños es una enfermedad social que ninguna sociedad puede tolerar. Debería ser motivo de vergüenza que un niño muera por esta causa. Solucionarlo comienza por reconocerlo y discutirlo públicamente.