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El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un rechazo “categórico” a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en relación con la ponencia que formularía cargos contra su campaña presidencial de 2022.
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En un comunicado, el CNE dejó claro que sus acciones están amparadas por las competencias otorgadas por la Constitución Política y las leyes colombianas, incluyendo la Ley 130 de 1994, la Ley 996 de 2005 y la Ley 1475 de 2011. Además, hizo referencia a la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado como fundamentos legales para su actuación.
Comunicado de Prensa, 8 de mayo. pic.twitter.com/KHiubVPilZ
— CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) May 8, 2024
Este miércoles, desde Cartagena, el jefe de Estado dijo que la posible formulación de cargos es parte de “golpe de Estado” en su contra para hacer que el progresismo salga del poder antes del 2026. “Estamos ante una arbitrariedad: Una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional”, dijo Petro en su cuenta de X.
Las declaraciones del primer mandatario fueron catalogadas como “graves”. La entidad sostuvo que tales pronunciamientos atentan contra el funcionamiento democrático del país y ponen en riesgo la integridad de aquellos encargados de tomar decisiones en cumplimiento de sus funciones constitucionales.
“Se afecta la democracia cuando quien está llamado a garantizar la unidad nacional y la estabilidad institucional descalifica las actuaciones de las autoridades debidamente constituidas”, se lee en el documento.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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