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Primero, la Policía; luego, los jueces y fiscales; siguió con el Gobierno Nacional y, ahora, la justicia arbitral. La alcaldesa Claudia López abre un nuevo frente de controversia al lanzar una dura crítica contra los tribunales de arbitramento, a los que, entre líneas, los calificó de poco honestos. Lo hizo esta semana, justo después de conocer que el Consejo de Estado admitió el recurso de nulidad contra el laudo arbitral que ordena al Distrito pagarle $ 64.000 millones a la CGR, operador del relleno Doña Juana.
La noticia, que difundió la mandataria con desbordado entusiasmo, no quiere decir que la Alcaldía se haya librado de pagar, sino que por ahora se suspende la orden mientras se toma una decisión de fondo. Pese a eso, López, a través de sus redes sociales, aprovechó para irse contra la justicia arbitral.
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“La privatización de la justicia ha sido un absoluto desastre para el interés público y la ciudadanía. Roscas sin vigilancia y llenas de conflictos de interés para favorecer grotescamente a negociantes. Desconocen la cosa juzgada, hacen fallos de sastre, a la medida de intereses particulares y contrarios a la ley”, expresó, sembrando duda sobre los tribunales de arbitramento.
Para entender esta polémica es clave conocer qué es la justicia arbitral: es un mecanismo alternativo, avalado por la Constitución (usado en contratación pública y privada), para dirimir multimillonarias controversias, renunciando a la justicia ordinaria. La figura es habitual en los grandes contratos de la Alcaldía de Bogotá.
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Y lo han hecho por varias ventajas: es más expedita, al tardar 18 meses frente a los años de un proceso judicial y sus instancias, y que los árbitros son expertos en los temas en disputa, quienes emiten decisión a través de un laudo, de única instancia y con el peso de una sentencia judicial. A pesar de que la administración sigue acudiendo a este mecanismo, la alcaldesa no tuvo reparo en cuestionarlo.
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