La Fiscalía General de la Nación ha solicitado ante el Tribunal Superior de Bogotá la audiencia para imputar cargos y pedir medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Esta decisión hace parte del proceso judicial que investiga los hechos de corrupción presentados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que González es señalado como uno de los principales protagonistas.
Según el reporte oficial, la Fiscalía acusa a González de ser presuntamente responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos en uno de los escándalos de corrupción más importantes del Gobierno Petro.
Por qué piden imputar a Carlos Ramón González
De acuerdo con los testimonios aportados especialmente por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exfuncionarios de la UNGRD, González habría dado directrices para facilitar la entrega de 4.000 millones de pesos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, ambos privados de la libertad actualmente por este mismo caso. Las versiones indican que, bajo su instrucción, se organizó una reunión con altos cargos estatales donde se definió el reparto progresivo de 3.000 millones de pesos para Name y 1.000 millones para Calle. En ese entonces, ambos congresistas ocupaban posiciones relevantes en el legislativo colombiano. Se señala que este dinero buscaba asegurar apoyos para las reformas del gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro.
Tras la declaración de los testigos y la incorporación de estas pruebas en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, González pasó a ser una figura central en este escándalo, acusado de ser el articulador de los movimientos financieros ilícitos dentro de la entidad responsable de la prevención y atención de desastres.
Mientras tanto, en medio del avance de las pesquisas, González abandonó el país. Fuentes consultadas por EL TIEMPO indicaron que podría estar solicitando asilo en España, aunque su defensa, liderada por el abogado Iván Cancino, afirmó que su ausencia se debe a motivos personales y relacionados con un viaje de descanso. Esta salida coincidió con la renuncia de su esposa a un cargo en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), lo que ha generado suspicacias y debate en la opinión pública sobre su paradero y su posible retorno ante la justicia colombiana.
En paralelo al caso de González, la Fiscalía también anunció la imputación de César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Así mismo, se vincularon judicialmente a otros colaboradores y contratistas de la UNGRD y de entidades aliadas por cargos relacionados con la corrupción, falsedad en documento público y lavado de activos.
Este caso sigue captando la atención nacional por la magnitud del entramado corrupto y el impacto que tiene en la gobernabilidad y la confianza en las instituciones, particularmente en organismos creados para el manejo transparente de recursos públicos destinados, en principio, a la gestión de emergencias.
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