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Sneyder Pinilla Álvarez, exsubidrector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), deberá pagar una condena de cinco años, ochos meses y un día de prisión. Así lo determinó el Juzgado 10 Penal Especializado de Bogotá, este martes 29 de abril, luego de confirmar la sentencia en virtud del preacuerdo suscrito entre el exfuncionario y la Fiscalía. La pena se da por la participación de Pinilla en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, ambos agravados, por cuenta de la corrupción en la entidad, durante 2023 y 2024.
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El fallo judicial también indica que Pinilla —quien fuera la mano derecha de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, también procesado por delitos de corrupción—, deberá pagar una multa de más de 3.500 salarios mínimos y no podrá ejercer funciones públicas, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular ni contratar directamente con el Estado durante el mismo tiempo de la pena impuesta.
La jueza Martha Cecilia Artunduaga Guaraca avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y el exfuncionario, en la que el ente investigador le otorgó una rebaja del 45 % de la pena debido a su colaboración con la justicia. Pinilla Álvarez no solo confesó su participación en el entramado de corrupción, sino, también, fue testigo en contra de al menos 25 personas investigadas por la corrupción en la Unidad, entre ellas funcionarios de alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro y congresistas.
Para otorgar ese beneficio, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que lleva el expediente, le expuso a la jueza Artunduaga Guaraca que el exsubidrector de la UNGRD también devolvió un total de $ 618 millones que se apropió gracias al desfalco de la entidad. Y aunque su defensa solicitó prisión domiciliaria, este beneficio le fue negado por parte del juzgado capitalino.
Ante esa negativa, el ahora condenado exfuncionario solicitó continuar detenido y cumplir la totalidad de su condena en una guarnición militar, debido a temas de seguridad por las amenazas que ha recibido desde que prendió el ventilador a mediados de 2024. La solicitud fue aceptada por el despacho judicial, el cual señaló que podrá seguir privado de la libertad en la misma prisión de alta y media seguridad del Ejército.
Este diario conoció que, durante la negociación entre Pinilla Álvarez y la Fiscalía, la entidad tuvo en cuenta que el exfuncionario fue el primero de todos los vinculados a la investigación en tener intención de revelar los hechos que llevaron a que se destapara la red de corrupción al interior de la entidad encargada de atender desastres, y entregar otros nombres de quienes habrían participado en el desfalco.
Para el ente investigador, la información entregada por Pinilla fue clave para ampliar el caso y llegar a otros nombres de altos funcionarios del gobierno Petro y legisladores. Dentro del paquete de nombres figuran Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones y la ficha más importante del Ejecutivo en ir a prisión por el escándalo; Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de Inteligencia; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior y parlamentarios como Iván Name, Andrés Calle, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz.
El testimonio de Pinilla fue uno de los elementos que utilizó la Fiscalía para imputar a Sandra Ortiz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Según el exfuncionario de la UNGRD, ella habría sido la conexión entre el entonces presidente del Senado, Iván Name, para entregarle a él un soborno de $ 3.000 millones. El congresista ya ha comparecido ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sobre esos señalamientos, los cuales dice que son falsos.
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Pinilla Álvarez también ha mencionado hechos, que aún son materia de investigación, en los que habría participado el exministro Ricardo Bonilla. Al parecer, según el exsubdirector, el exjefe de cartera habría coordinado y presionado para que se entregaran contratos por más $92.000 millones que beneficiarían a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público con el fin de comprar sus votos para que aprobaran préstamos internacionales de alto valor para la Nación.
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