La entidad afirmó que miembros de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía detuvieron por este crimen a Javier Pérez Hurtado, quien fue presentado ante un juez de control de garantías para que responda por el crimen que ocurrió el pasado 14 de mayo en el departamento del Valle del Cauca (suroeste).
Según la investigación, Pérez participó en el asesinato cometido en un restaurante del municipio de Tuluá, donde la víctima recibió varios disparos desde una motocicleta.
Corredor fue comandante del Frente 21 de la antigua guerrilla, convertida en partido político tras la firma del acuerdo de paz con el Gobierno el 24 de noviembre de 2016.
Tras su reincorporación, la víctima se desempeñaba como líder de una cooperativa de exguerrilleros en Tuluá y era militante del partido FARC en el departamento, según afirmó esa colectividad el día del crimen.
Por el asesinato la Fiscalía imputó a Pérez como presunto responsable del delito de homicidio agravado en calidad de coautor y fue enviado a la cárcel.
El crimen de Corredor generó rechazo por parte de los miembros del partido Farc y se sumó al expresado semanas antes por el asesinato del también exguerrillero Dimar Torres en la vereda (aldea) Campo Alegre, del municipio de Convención, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
Este último caso generó controversia, pues el Ministerio de Defensa informó inicialmente que Torres falleció al recibir un disparo accidental de un miembro del Ejército, pero la comunidad de la zona señaló que se trató de una ejecución extrajudicial.
Tras estos crímenes, el senador de la Farc Carlos Antonio Lozada denunció que 114 exguerrilleros y 31 de sus familiares habían sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, y detalló que estos al parecer han sido cometidos por grupos paramilitares.
A raíz de estos asesinatos y los cometidos contra líderes sociales, Lozada hizo el pasado lunes un debate de control político al Gobierno.
Allí, el senador citó cifras de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), según las cuales en 2017 fueron asesinados 43 desmovilizados, 75 en 2018 y 13 este año.
De igual forma, la organización señala que entre enero de 2016 y abril de este año han sido asesinados 681 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
El último caso registrado ocurrió este domingo en el municipio de La Playa, en la convulsa región del Catatumbo, también fronteriza con Venezuela, donde fue asesinado Dagoberto Álvarez, tesorero de una Junta de Acción Comunal de esa localidad.
En el Catatumbo opera la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), disidencias de las Farc, grupos narcotraficantes y un reducto del Ejército Popular de Liberación (Epl), considerado por el Gobierno como una banda criminal.
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