La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tiene aplazado uno de sus proyectos más ambiciosos: la adjudicación del contrato para recuperar ecosistemas degradados y mitigar el impacto de inundaciones en el Canal del Dique, la división del río Magdalena que conecta sus aguas con Cartagena. Mientras las comunidades aledañas exigen un riguroso proceso de consulta previa, por lo cual la adjudicación está pausada, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó a las víctimas de la guerra que esperan un tratamiento delicado con los cuerpos desaparecidos en el canal.
La JEP, luego de escuchar a los familiares de víctimas en audiencia pública, ordenó medidas cautelares con respecto al megaproyecto de la ANI, el cual tiene un presupuesto de hasta $ 3,1 billones. Se tiene pensado contratar una Asociación Público Privada (APP), la cual inicie obras para controlar el tránsito de sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas, así como para mitigar el riesgo de inundaciones en la zona de influencia. Según datos de la ANI, el megaproyecto podría beneficiar hasta 1,5 millones de personas en 19 municipios en Atlántico, Bolívar y Sucre.
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No obstante, aunque el futuro parece prometedor, las víctimas del paramilitarismo exigen mirar al pasado. Según información recopilada por la JEP, en la cuenca del Canal del Dique, entre 1991 y 2015, ocurrieron entre 6.765 y 9.638 desapariciones forzadas. Las autodefensas controlaron prácticas ancestrales como los ritos fúnebres, lo cual generó un impacto psico-emocional único en Colombia. Hablamos de miles de familias que no pudieron despedir a su ser amado, lo cual dificultó la aceptación de la muerte y una extensa carrera por ubicar las víctimas por los 115 kilómetros del canal.
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Las víctimas advirtieron a la JEP que, según la ubicación de las obras del megaproyecto, existe una significativa coincidencia con los eventos de desaparición y disposición de los cuerpos de las víctimas. Se identificó “la coincidencia de las obras que impactan el lecho del canal del Dique durante todo su recorrido, con la posibilidad de encontrar restos de personas dadas por desaparecidas en todo el cuerpo de agua. Lo anterior, considerando que los relatos de los testimonios dan cuenta de avistamiento de cuerpos durante todo el recorrido y zonas aledañas y cenagosas”, se lee en la decisión.
Por tanto, la JEP ordenó al concesionario que se quede con la billonaria licitación que implemente un protocolo que garantice los derechos de las víctimas. Se contratará un equipo forense especializado. Se capacitará sobre la importancia del afluente a directores de obra, supervisores técnicos, interventores, contratistas y demás personal involucrado con las actividades de maquinaria pesada para el dragado o movimiento del material. También se vinculará a la obra a profesionales en arqueología, quienes coordinen con los supervisores de obra las áreas de intervención.
Por otro lado, “se ordenará a Cormagdalena (también responsable de la concesión del proyecto) que informe, de manera previa e inmediata, a la JEP y a la Unidad de Búsqueda cualquier tipo de intervención (construcción, reparación, dragado o cualquier obra civil) en el Canal del Dique con ocasión o no de emergencias naturales, mientras se encuentre vigente esta medida. Ello, con el objeto de que se coordine con la Unidad de Búsqueda las acciones previas necesarias para salvaguardar el proceso de búsqueda, identificación y entrega de cuerpos de personas dadas por desaparecidas”.
Asimismo, no podrán iniciar las obras sin la creación de una “Mesa Interinstitucional de Articulación”, que de luz verde a las obras civiles en los territorios donde existan denuncias, investigaciones judiciales, planes de búsqueda o indicios sobre la ubicación de cuerpos de desaparecidos. La mesa está integrada por los ministerios de Transporte y Ambiente, por la Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Fiscalía, la Unidad de Búsqueda y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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