El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El uso de pipetas de gas y fogones en manos de vendedores informales de alimentos en Bogotá representa un reto significativo para la seguridad y la regulación urbana. De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto para la Economía Social (IPES), la ciudad concentra aproximadamente 89.000 vendedores informales, de los cuales más de 10.000 se dedican a la elaboración y comercialización de alimentos en la vía pública, que suelen utilizar estos sistemas de cocción a gas. La Resolución 1183 de 2020 designa al Cuerpo Oficial de Bomberos como autoridad técnica para regular el uso de gas en estos espacios, con la responsabilidad de las alcaldías locales y la Policía de Bogotá en la vigilancia y el control del cumplimiento normativo, según lo documentado por El Espectador.
A pesar de estos esfuerzos, las cifras reflejan vacíos en la aplicación y seguimiento de la normativa. El concejal Rolando González ha señalado que, a pesar de la realización de más de 252 jornadas de sensibilización sobre seguridad por parte del IPES, la traslación de estas medidas a una práctica diaria consistente es insuficiente. González pone énfasis en el acceso sencillo a pipetas de bajo costo pero manipuladas en escenarios informales, lo que incrementa los riesgos de incendios y explosiones en ausencia de una legislación nítida por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Así, los siniestros derivados de estos incidentes suelen carecer de responsables claramente identificados.
Las normas vigentes establecen que los cilindros de gas empleados deben tener un origen certificado, no superar las 40 libras, ubicarse alejados de humedad y en espacios ventilados, contar con válvulas de seguridad y estar instalados sobre superficies estables de modo que se eviten caídas o daños estructurales. Además, es imperativo que los cilindros estén libres de daños físicos y mantengan una distancia mínima de cinco metros respecto de otros puestos de venta.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), citado por El Espectador, subraya que el manejo de cilindros de gas en contextos no regulados requiere formación profesional y supervisión frecuente, una exigencia difícil de cumplir dada la heterogeneidad y dispersión del sector informal. Sumado a ello, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) expone que la informalidad laboral obedece a problemáticas estructurales de empleo y ausencia de alternativas formales, lo que complica imponer restricciones estrictas sin poner en riesgo la fuente de ingreso de miles de familias en Bogotá.
Frente a esta realidad, organizaciones y voces expertas proponen avanzar hacia una formalización progresiva y la implementación de programas que equilibren las dimensiones técnicas de seguridad con la inclusión social y económica. Casos documentados por El Espectador ilustran cómo la falta de control ha derivado en emergencias evitables, mientras que la experiencia de Medellín demuestra que la articulación interinstitucional, junto con jornadas de acompañamiento técnico, puede reducir riesgos sin recurrir necesariamente a la criminalización de los vendedores informales.
La falta de una regulación clara desde la CREG subraya la necesidad urgente de construir un marco técnico y legal robusto que responda a las particularidades del comercio informal de alimentos en espacio público, fortaleciendo tanto la seguridad de los vendedores como la de los ciudadanos. Para Bogotá, el desafío es encontrar el punto de equilibrio entre el rigor técnico que exigen las autoridades y la sensibilidad social imprescindible para no agravar la vulnerabilidad de quienes dependen del comercio ambulante para subsistir.
¿Cuáles son los requisitos técnicos que deben cumplir las pipetas de gas usadas por los vendedores en Bogotá? El cumplimiento de los requisitos técnicos es esencial para mitigar riesgos en la manipulación de pipetas de gas. Según la normativa vigente analizada por El Espectador, los cilindros no deben exceder las 40 libras, tienen que provenir de empresas debidamente registradas, ubicarse a una distancia mínima de cinco metros entre puestos, instalarse en zonas ventiladas y alejadas de fuentes de humedad. Asimismo, deben contar con válvulas de seguridad, poseer mecanismos de rosca y situarse sobre bases que brinden estabilidad. Un aspecto relevante es que la integridad física del cilindro debe garantizarse, evitando golpes o abolladuras, ya que estos defectos estructurales aumentan el riesgo de fugas o explosiones.
La exigencia de este tipo de parámetros responde tanto a la necesidad de proteger la vida e integridad de los vendedores y consumidores, como a evitar sucesos que puedan derivar en daños colectivos mayores. Las fuentes citadas coinciden en que la supervisión estricta de estos criterios y la capacitación adecuada repercuten positivamente en la reducción de incidentes, aunque su puesta en práctica enfrenta retos considerables dada la naturaleza dispersa e informal del sector.
¿Por qué la regulación del uso de pipetas de gas en el comercio informal es un tema pendiente? La ausencia de una regulación exhaustiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha sido señalada como uno de los problemas principales en la gestión del riesgo asociado al uso de pipetas entre vendedores ambulantes, según lo explica el concejal González y lo recoge El Espectador. Aunque existen normas sobre manipulación y almacenamiento, no hay disposiciones específicas y completas para el contexto particular de la venta informal de alimentos en espacio público. Esto provoca vacíos legales y técnicos que dificultan la identificación de responsables en caso de accidentes y limitan la capacidad institucional para actuar preventivamente.
El retraso en la formulación de estos lineamientos obedece, en parte, a la dificultad de conciliar necesidades de seguridad con la protección de fuentes de empleo fundamentales para una gran parte de la población de Bogotá. Por tal motivo, expertos y autoridades abogan por fortalecer la articulación entre los cuerpos técnicos y organismos sociales, a fin de diseñar marcos normativos adaptados a la realidad de la economía informal y menos susceptibles a la omisión o el incumplimiento.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
